
“Con el transcurso de las audiencias saldrá a la luz toda la verdad de lo que está pasando. Él está presionado y no puedo desarrollar con libertad mi trabajo”, señaló Marcelo Cosiansi, minutos después de haber presentado su renuncia como defensor de Felipe “El Militar” Sosa, acusado del crimen de Érika Antonella Álvarez.
– ¿A qué tipo de presiones se refiere?
– A mensajes que recibe y que después no transmite. Cosas que pide que preguntemos a los testigos o que nos dice cuándo debemos preguntar. Así es imposible trabajar.
– Desde hace tiempo usted viene denunciando que Sosa está aislado. ¿Cómo puede recibir esas presiones?
– Porque le gritan de celda a celda o cuando lo trasladan a comer.
– ¿Podría ser un narco el que tiene esa conducta?
– Sí… Están alojados en el mismo pabellón, pero es hora de que él cuente todo lo que sabe.
– ¿Personas vinculadas al narcotráfico están detrás de este caso?
– Me parece que con el correr de las audiencias todo se irá descubriendo.
– ¿Hay gente del poder político relacionada con narcos?
– Dependerá si Sosa decide hablar. Él es el único que puede responder a todas esas preguntas.
– ¿Tiene temor o teme a alguien?
– No para nada. No puedo trabajar como corresponde. No tengo la libertad para hacerlo.
Las dos caras
Durante las 10 audiencias que se realizaron, quedó en claro que el juicio por el crimen de Érika tiene dos caras. Por un lado, determinar si “El Militar” acabó con la vida de la joven y si Justina Gordillo (ex pareja del acusado y funcionaria judicial) y Jorge “Chicho” Díaz (empleado de confianza de Sosa) realizaron tareas de encubrimiento. Por el otro, los presuntos vínculos con el narcotráfico, una cuestión que no forma parte del objeto de este debate.
Maira y Malena Álvarez, hermanas de la víctima, fueron las primeras que aportaron datos importantes. Ambas confirmaron que la joven mantenía una relación con Carlos “El Mayor” Ferreira, un narco paraguayo. No sólo dijeron que sabían que lo estaban buscando, sino que, además, aseguraron que hacía participar a “Anto” -como llamaban a la víctima- en reuniones en las que supuestamente se cerraban operaciones relacionadas con la comercialización de grandes cargamentos de droga. De esos encuentros, según dijeron, habrían participado funcionarios policiales de nuestra provincia y de Santiago del Estero, dirigentes políticos y empresarios.
Malena, durante las audiencias, también relató que Sosa llevaba a su hermana a fiestas que se hacían para recibir avionetas cargadas con droga. Maira, en cambio, aseguró que Érika le contó que “El Militar” estaba vinculado a la distribución y comercialización de éxtasis en fiestas electrónicas.
Los presuntos vínculos con la comercialización de drogas también fueron mencionados durante la etapa de instrucción por Gordillo y por Nicolás Navarro Flores, el único condenado por el caso. Fuentes judiciales confirmaron que el nombre de Sosa aparece mencionado en otros expedientes como supuesto proveedor de éxtasis de pequeñas organizaciones dedicadas a la comercialización de drogas. Además, tiene abierta en la Justicia Federal una causa por producción de flores de marihuana.
Incógnitas
“Felipe, en algunas oportunidades, venía y nos pedía que hiciéramos algunos planteos procesales. Él no tiene idea de esas cuestiones y evidentemente alguien le pedía que lo hiciera”, sostuvo Cosiansi. “No sé qué es lo que están buscando, pero no puedo descartar absolutamente nada de nada. Pero bueno, ya no formo parte de la defensa y no puedo hacer más observaciones”, añadió.
En los próximos días deberían registrarse dos situaciones clave. La primera, la declaración de Navarro Flores, quien podría aportar más datos sobre los vínculos de Sosa con el narcotráfico. Por otra parte, se conocerán los resultados de las pericias realizadas a los celulares secuestrados al “Militar”. Los informes también incluirán la información que se extrajo, hace poco tiempo, del iPhone del acusado.
Pero, más allá de todo lo que pueda suceder, una vez que termine el juicio, el fiscal Pedro Gallo o el Tribunal podrían, si lo consideran pertinente, remitir las actuaciones a la Fiscalía de Narcomenudeo o a la Justicia Federal para que se investiguen los posibles delitos vinculados con las drogas. Claro está, esa decisión llegaría 11 meses después de que se registrara el crimen.
Fuente: La Gaceta
