La sesión de hoy promete ser de las más candentes y friccionadas de la actual conformación de la Cámara. Con muchas dudas de parte de la oposición y hasta con rechazos explícitos plasmados en proyectos, el oficialismo buscará ratificar el DNU 5/3 que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo para la compra directa de 100 ómnibus cero kilómetro por un monto estimado de $16.000 millones. El tema encabeza el orden del día, que cuenta con una docena de puntos y comenzará a desarrollarse a partir de las 8.30.
El decreto de necesidad y urgencia con fecha del 26 de septiembre fue emitido en el marco de la Ley de Emergencia en el Transporte (9.773). Faculta a los Ministerios de Obras y Servicios Públicos y de Economía y Producción a que efectúen la contratación directa, previo cotejo de precios con al menos tres oferentes, para adquirir coches y transferirlos a título oneroso a empresas que prestan servicios fuera de la Capital. El DNU llega al recinto con dictamen de mayoría y minoría de la comisión de Hacienda y Presupuesto (no se debatió en el comité de Servicios Públicos).
Mediante un decreto complementario (3.309/3) la Provincia marcó pautas sobre cómo se llevará a cabo el proceso de contratación directa. Además, por la envergadura de la compra y para brindar mayor transparencia, se estableció la conformación de una comisión de preadjudicación con funcionarios del Ejecutivo. Además, se invitó a los legisladores a participar de la apertura de sobres, que aún no tiene fecha.
Piden soluciones
Desde un inicio el oficialismo remarcó que hay una necesidad real de mejorar el servicio de transporte público. “A la gente no le va a interesar de qué manera compramos; quiere que sea un colectivo bueno, que vaya a horario y que llegue a destino. Eso se está priorizando”, dijo el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia. En tanto que el vicegobernador, Miguel Acevedo, destacó que el oficialismo cuenta con los números necesarios para sancionar leyes, pero que de igual manera buscan alcanzar el mayor consenso posible. En ese marco, el ministro Daniel Abad (Economía y Producción) concurrió a evacuar dudas.
“Viajan diariamente 600.000 personas en el colectivo. Lo que hacemos es comprar y poner a disposición, pero no es gratis. Las empresas van a tener que adquirir los colectivos y lo van a pagar como cualquier hijo de vecino”, expuso el funcionario provincial tras el encuentro. Agregó que los coches van a tener prenda y que los dineros se descontarán de los subsidios provinciales (unos $3.000 millones mensuales).
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse respaldó la medida y advirtió que una licitación podría tardar hasta un año. Mientras que Alfredo Toscano (Compromiso Tucumán), vicepresidente segundo de la Legislatura, avaló el DNU. “Me parece una gran medida. El beneficiario directo de esto va a ser el usuario; que este dinero se invierta en colectivos me parece muy bien”, manifestó.
Las bancadas opositoras lanzaron duras críticas desde que el mandatario anunció la compra de vehículos. Si bien en gran parte coincidieron en la necesidad de renovar la flota (con un promedio de 15 años), rechazaron los modos. Argumentaron que una compra de esta magnitud debe hacerse sí o sí por licitación pública, y presentaron proyectos en rechazo. Cuestionaron también que la Ley de Emergencia sólo habilita a otorgar fondos compensadores, pero no dice nada sobre la compra de vehículos. Además criticaron que ni el DNU ni el decreto precisen características de los coches ni los valores.
El radical Manuel Courel (Cambia Tucumán) mostró una de las posturas más duras: presentó un rechazo al DNU y firmó el dictamen de minoría. “Esto se está haciendo de forma improvisada”, criticó. Y desarrolló: “quiero que hagamos las cosas bien. Estamos de acuerdo en que hacen falta nuevos colectivos; acompañemos eso, pero lo hagamos bien”.
En tónicas similares presentaron proyectos en contra los radicales José Seleme y Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) y el legislador Walter Berarducci (Compromiso Tucumán). Claudio Viña, en tanto, fue crítico en un inicio por los modos, pero finalmente acompañó el dictamen de la mayoría tras la visita de Abad. Agustín Romano Norri, por su parte, habló de discriminación hacia la Capital y presentó un proyecto para la creación de una comisión especial de control y seguimiento de los subsidios.
Ricardo Bussi (FR) y José Macome (LLA) se sumaron a los reproches. El republicano reprochó que el instrumento no especifique a qué empresarios se les otorgará el beneficio. El libertario opinó que “no hay que destinar fondos públicos a empresas privadas”.
Fuente: La Gaceta