El exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, había informado a la Justicia sobre presuntos sobreprecios sistemáticos en las compras del organismo antes de presentar su renuncia. En uno de los informes, señaló que algunos insumos médicos y ortopédicos habían sido adquiridos a valores que llegaban a ser hasta 20 veces superiores a los que pagaba el PAMI.
El funcionario también apuntó contra la gestión del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, y advirtió sobre una serie de irregularidades detectadas durante las auditorías internas. Entre ellas aparecen compras sin licitación o compulsa previa, facturas duplicadas, problemas para seguir la trazabilidad de los pagos y proveedores que tenían vínculos entre sí, según informó La Nación.
Los informes revisaron más de 500 expedientes administrativos y detectaron irregularidades de gravedad y sobreprecios de hasta 4239% en comparación con referencias de mercado. También se señaló que existían debilidades estructurales en los procedimientos de compra del organismo.
Uno de los casos analizados fue el de Farma Salud SRL. Según la documentación, ANDIS pagó $425 millones por un sistema de válvula bicava transcatéter, mientras que el PAMI había adquirido un insumo de características comparables por $124,2 millones.
Otro de los ejemplos corresponde a una endoprótesis aortoilíaca. En ese caso, el organismo pagó $369,8 millones, mientras que el valor registrado como referencia para una endoprótesis aórtica autoexpandible torácica era de $17,85 millones.
La auditoría también encontró diferencias importantes en otros insumos. Una válvula pulmonar autoexpandible fue facturada a ANDIS por $295,1 millones, frente a una referencia de $36,4 millones. Además, una silla de traslado postural fue cobrada a $18 millones cuando el valor de referencia de mercado era de $945.000.
Una factura fue pagada dos veces
Entre las irregularidades señaladas también aparece el caso de Indecomm, una de las firmas incluidas en el análisis. Según la documentación, una misma factura fue abonada dos veces por un monto de $28,7 millones cada vez.
La auditoría también puso bajo la lupa operaciones de Bymax Medical SRL. Allí se calculó un sobreprecio consolidado de $84,1 millones y se mencionó, entre otros ejemplos, una silla de acero facturada por $11,5 millones cuando el valor de mercado era inferior a $500.000.
Otro caso involucró a Expo Trauma SA, que facturó ocho sillas por $134 millones, frente a una referencia de $11,27 millones.
Los informes alcanzaron a nueve proveedores: Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA.
En el caso de Artrobone e Imnova, la documentación detectó que ambas compañías compartían domicilio y tenían vínculos familiares entre sus integrantes. El informe planteó que esa situación podía ser compatible con una “simulación de competencia”, aunque no identificó una operación concreta en la que se hubiera comprobado una coordinación entre las empresas para presentar ofertas.
En total, las operaciones analizadas de esas firmas alcanzaban los $3.042 millones. También se encontraron vínculos entre integrantes de Ortopedia Bernat y otras sociedades.
Compras sin licitación y problemas para seguir los pagos
Los informes señalaron que varios expedientes comenzaron con facturas sin documentación que acreditara una licitación, una compulsa de precios o una contratación directa debidamente respaldada.
Además, algunos pedidos agrupaban distintas facturas, lo que dificultaba seguir el recorrido de cada compra y verificar cómo se había formado el precio. Después de la intervención sobre esos procedimientos, nuevas competencias abiertas mostraron diferencias de hasta 838% entre las distintas ofertas.
La auditoría también registró una deuda exigible no contabilizada de $158.000 millones, otro de los puntos que quedaron bajo análisis.
Los controles sobre los registros de ANDIS encontraron otras irregularidades. En el padrón de pensiones no contributivas por discapacidad había 114 personas que figuraban como beneficiarias pese a estar detenidas o bajo arresto domiciliario.
Además, el cruce entre el Certificado Único de Discapacidad y los registros del Renaper detectó 178.254 personas fallecidas dentro de un padrón activo de 1.656.641 beneficiarios al cierre del año pasado.
Estos datos forman parte de los controles realizados sobre los registros del organismo y fueron incorporados al análisis de las debilidades administrativas detectadas.
El informe llegó a la Justicia antes de la renuncia de Vilches
El primer informe fue presentado ante la Justicia el 30 de diciembre, después de que el tribunal consultara si ANDIS estaba llevando adelante una auditoría sobre las compras del organismo.
Vilches había asumido al frente de ANDIS después de la salida de Spagnuolo, ocurrida en agosto de 2025 en medio del escándalo generado por la difusión de audios en los que se denunciaban presuntas coimas. Los informes elaborados durante la gestión de Vilches fueron enviados al juez y al fiscal que intervienen en la causa.
Cinco meses después, Vilches dejó su cargo en medio de un proceso de reducción presupuestaria. Antes de su salida, había informado a la Justicia sobre los hallazgos de las auditorías y había señalado las irregularidades detectadas en las compras.
La defensa de Spagnuolo negó que las irregularidades detectadas puedan atribuirse directamente al exfuncionario. Sus abogados plantearon que las compras realizadas durante la emergencia y la forma en que se determinaron los precios deben ser analizadas teniendo en cuenta las circunstancias de cada contratación.
Fuente: Perfil