La Fiscalía presentará testimonios, registros telefónicos, imágenes de cámaras de seguridad y pruebas biológicas para intentar demostrar la responsabilidad de Felipe “El Militar” Sosa en el femicidio de Érika Antonella Álvarez. La defensa, en tanto, buscará cuestionar las pericias oficiales y refutar la hipótesis de la acusación durante el juicio oral.
Después de ocho meses de investigación y del trabajo de cuatro fiscales, el representante del Ministerio Público Fiscal, Pedro Gallo, definió las principales evidencias con las que sostendrá la acusación contra Sosa, el único imputado como autor del crimen.
Entre los elementos considerados fundamentales aparece el testimonio del conductor de Uber que trasladó a Érika desde su domicilio hasta la vivienda del acusado, ubicada en Yerba Buena. Su declaración será complementada con las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar.
Los investigadores también analizaron las comunicaciones telefónicas que Sosa realizó desde las 7 de la mañana del día del hecho, además de los mensajes y llamadas intercambiados con Nicolás Navarro Flores, el único condenado hasta el momento en la causa.
Otro de los puntos centrales de la acusación serán las muestras biológicas obtenidas del cuerpo de la víctima que, según la investigación, corresponden al imputado.
La Fiscalía también utilizará las declaraciones de personas del entorno de Sosa que aportaron información sobre lo ocurrido después de la muerte de la joven.
Una de ellas es Justina Gordillo, ex pareja del acusado, quien manifestó que recibió una llamada en la que Sosa le habría reconocido que se había metido en un grave problema.
A ese testimonio se suma el de Navarro Flores, quien aseguró que el imputado le comunicó que había cometido una equivocación y le solicitó ayuda para ocultar el cuerpo y otras evidencias.
Los investigadores consideran relevantes, además, las bolsas y cintas de embalar encontradas en la vivienda de Sosa, debido a sus similitudes con los materiales utilizados para sujetar y ocultar el cadáver de Érika.
La acusación incorporará también las denuncias previas por violencia de género contra el imputado, las declaraciones de familiares que lo describieron como una persona agresiva y el análisis de sus movimientos durante los días posteriores al crimen.
Con este conjunto de pruebas, Gallo intentará reconstruir lo sucedido y establecer la participación que atribuye a Sosa en la muerte de la joven.
Por su parte, el abogado defensor Marcelo Cosiansi prepara una estrategia centrada en cuestionar las conclusiones de la investigación y ofrecer una interpretación diferente de los elementos reunidos.
Uno de sus principales argumentos estará respaldado por los informes de tres peritos de parte, quienes analizaron los estudios oficiales y formularon objeciones a sus conclusiones.
La defensa también convocará a testigos para declarar sobre la personalidad del acusado y presentará documentación destinada a acreditar que Gordillo desarrollaba actividades laborales para las empresas de Sosa.
Otro aspecto que buscará refutar es la sospecha de que el imputado intentó escapar de Tucumán después de la muerte de Érika.
Según la postura defensiva, los desplazamientos cuestionados por los investigadores correspondían a un viaje de vacaciones y no a una maniobra para eludir la acción de la Justicia.
El juicio estará a cargo de un tribunal integrado por Gonzalo Ortega, quien ejercerá la presidencia, María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira.
Los magistrados deberán examinar las pruebas, escuchar a los testigos y evaluar los argumentos de ambas partes para determinar si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal a Sosa.
Aunque la Fiscalía sostiene que las evidencias reunidas respaldan su acusación, su presentación no implica una condena anticipada. La responsabilidad del imputado deberá resolverse mediante la sentencia que se dicte al finalizar el debate oral.