El Gobierno acelera la elaboración de un nuevo decreto para instrumentar la expulsión de extranjeros que hayan emitido discursos de odio contra argentinos o incitado a la violencia por razones de nacionalidad. La Casa Rosada retomó el trabajo sobre la reglamentación que quedó pendiente después del DNU que Javier Milei firmó a fines de julio para modificar la Ley de Migraciones.
En el Ejecutivo reconocen que la primera norma estableció la facultad legal, pero todavía falta terminar de definir cómo se aplicará en la práctica. “Estamos en eso”, expresan en Nación sobre el nuevo decreto. La intención es avanzar con una segunda etapa que permita utilizar efectivamente la causal en los procedimientos de Migraciones.
El nuevo texto no creará la posibilidad de expulsar extranjeros por esas conductas porque esa atribución ya está vigente. El DNU 681/2026 incorporó los mensajes de odio, la incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad y los ultrajes contra símbolos patrios entre los impedimentos para ingresar al país y las causales para cancelar una residencia.
La misma norma estableció que la cancelación de la residencia puede derivar en una intimación para abandonar la Argentina o directamente en una expulsión, según las circunstancias de cada caso. La reglamentación que prepara el Gobierno deberá convertir esa facultad general en un procedimiento operativo para Migraciones y las áreas de Seguridad.
Uno de los puntos sensibles es cómo se acreditará que una expresión cumple con los requisitos previstos por el decreto. El esquema que venía analizando Nación contempla utilizar el sistema de alertas migratorias existente, pero todavía resta precisar qué organismo origina la información, qué evidencia debe acompañarla, quién la valida y qué procedimiento se sigue cuando el extranjero ya se encuentra dentro del territorio nacional.
El propio DNU introdujo un límite para evitar que la causal alcance cualquier manifestación contra el Gobierno o el país. Dejó expresamente afuera las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas constitucionalmente. Esa distinción será uno de los aspectos centrales que deberá precisar la reglamentación para reducir márgenes de interpretación.
La iniciativa forma parte de una secuencia de endurecimiento de la política migratoria que comenzó en 2025. El DNU 366 modificó las condiciones de ingreso, residencia y expulsión, endureció los impedimentos migratorios, prohibió trabajar a extranjeros en situación irregular y cambió las condiciones de acceso a determinados servicios públicos para quienes no tienen residencia permanente.
Ese decreto también modificó el esquema de atención sanitaria. Los extranjeros sin residencia permanente mantienen garantizada la atención ante emergencias, pero en establecimientos nacionales deben contar con seguro médico o pagar previamente para recibir atención habitual. El Ministerio de Salud recién reglamentó en agosto de este año el procedimiento operativo para aplicar esa disposición, un antecedente similar al paso que ahora prepara el Ejecutivo en materia de expulsiones.
El Gobierno reforzó en paralelo la capacidad operativa de Migraciones y las fuerzas federales. En junio creó el Programa de Seguridad Migratoria, que ordenó actualizar los mecanismos de control y estableció unidades específicas dentro de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para intervenir como auxiliares de la autoridad migratoria.
A ese esquema se sumó este año el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), que integra a Migraciones con las fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El sistema centraliza información de movimientos de pasajeros y permite producir análisis de riesgo y alertas para controles migratorios y fronterizos.
La política migratoria quedó además bajo una estructura de Seguridad desde fines de 2025. Milei transfirió al Ministerio de Seguridad Nacional las competencias sobre migración e inmigración y el control de la Dirección Nacional de Migraciones, una decisión que acercó el organismo a la lógica operativa de las fuerzas federales y de los controles fronterizos.
La Casa Rosada había trabajado incluso en una transformación más profunda de Migraciones inspirada en el modelo estadounidense, con una estructura de mayor capacidad operativa y herramientas propias para actuar sobre personas con antecedentes, alertas o irregularidades. Ese proyecto no terminó de instrumentarse y el Gobierno optó por reforzar mientras tanto la coordinación entre el organismo y las fuerzas existentes.
En los últimos meses, esa orientación se trasladó también a más operativos territoriales para detectar extranjeros en situación irregular, con procedimientos conjuntos entre Migraciones, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA. El DNU de 2025 amplió además las facultades para requerir documentación y controlar la situación migratoria durante esas inspecciones.
La reglamentación de los discursos de odio agrega una dificultad jurídica diferente. La administración deberá determinar con suficiente precisión qué elementos permiten activar una medida que puede terminar en la expulsión de una persona, además de garantizar las instancias administrativas y judiciales correspondientes. En Balcarce 50 ya admitieron que la amplitud de la causal puede generar planteos en los tribunales.
El Gobierno no tiene todavía una fecha pública para la firma del nuevo decreto ni difundió un borrador, pero asegura que el trabajo fue retomado y que la reglamentación forma parte de las medidas migratorias que todavía tiene pendientes. El objetivo es completar la instrumentación del DNU 681 y pasar de una causal ya incorporada a la Ley de Migraciones a un mecanismo que pueda utilizarse en los controles de ingreso, cancelación de residencias y procedimientos de expulsión.