Menos juzgados de instrucción, una Cámara Federal de Casación reducida, reasignaciones de tareas y traslado de personal son los puntos centrales del proyecto que tiene carpeta el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para modificar y reducir los tribunales de Comodoro Py. La iniciativa se enfoca en un fuero sensible para la dirigencia política porque es el que se encarga de investigar los delitos de corrupción, lavado de activos y narcotráfico.
El punto central del proyecto (que tendrá formato de Ley y deberá pasar por el Congreso) para modificar un sector clave de la Justicia apunta a reducir la Cámara de Casación Penal que es la instancia anterior a llegar a la Corte Suprema. La Casación, el máximo tribunal penal, se encuentra conformada por cuatro salas, más la presidencia, lo que arroja un total de trece jueces. Sin embargo, hoy hay tres cargos vacantes a cubrir.
La idea es llevar su integración a nueve miembros, lo que dejaría sin necesidad de prosperar en un nuevo concurso para completarla. Hoy hay uno en marcha, el 475, que casi no tuvo avances.
No es la única instancia en la que se pretende avanzar con una reducción. Los juzgados federales de instrucción se encuentran en la mira.
En total son doce los despachos emplazados entre el tercer y cuarto piso de los tribunales Federales de Comodoro Py en la zona de Retiro. Están diezmados. En la actualidad hay cuatro sillones sin cubrir. Los que dejaron Sergio Torres (integrante de la Corte bonaerense), Claudio Bonadio (fallecido en febrero de 2020), Rodolfo Canicoba Corral (jubilado el 29 de julio de 2020, denunciado por corrupción), y Luis Rodríguez quien renunció el 1 de abril de 2023.
Es decir que hay cargos que hace más de cinco años se encuentran vacantes. “Habrá un cambio sustancial en la modalidad de trabajo de Comodoro Py, donde desde abril de 2027 será necesario contar con más fiscales”, explicó una fuente judicial a Clarín para sustentar los cambios que se piensan desde el Ministerio de Justicia
¿Qué implica este concepto? Con la implementación del sistema acusatorio, donde el Ministerio Público Fiscal cobra absoluta relevancia ya que asumirán desde un comienzo la investigación de los casos hasta la etapa de acusación y juicio oral, los jueces de instrucción verán reconfigurada sus funciones. “No pierden poder, cumplirán funciones más amplias, serán garantes del proceso”, expresó una fuente oficial.
En el presente, son los magistrados los que deciden cuándo delegar -o no- la pesquisa a los fiscales. Es lo primero que se modificará con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal que ya está en vigencia en 17 jurisdicciones de todo el país. La semana pasada se puso en marcha en Posadas con la presencia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, junto al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
Quienes siguen de cerca la puesta en vigencia del sistema acusatorio, entienden que el personal de los juzgados de instrucción en Comodoro Py es demasiado elevado para las funciones a desempeñar.
Con el proyecto buscarían pasar de 12 juzgados a 10. Incluso no descartan que terminen siendo 8 los juzgados federales de instrucción. Si fuese este último el número final, no se necesitarían hacer más concursos para cubrir las vacantes.
Son tres los estamentos judiciales contemplados por la normativa que sigue rigiendo a Comodoro Py: los jueces de instrucción, los del Tribunal Oral Federal y los de Cámara. Con el sistema acusatorio se transformarán en jueces de garantías, de juicio y de revisión.
En el nuevo proyecto que piensa el Gobierno la idea es que los magistrados de esas tres instancias se desempeñen en cualquiera de esos roles. Es decir, un juez es el garante de una investigación, después puede ser designado para que, en otro expediente, sea quien juzgue la situación o la revise. “Por ese motivo, se creó una oficina judicial autónoma y que es la que fija las audiencias”, explicó una fuente del Consejo de la Magistratura a Clarín. Esto implica, además, otros plazos para concluir los procesos penales.
¿Puede un juez negarse a cumplir otros roles? La ley prevé tal circunstancia y lo primero que se realizará es la igualdad salarial. Hoy un juez de instrucción percibe un salario inferior al de un Tribunal de Juicios. Estos últimos tienen rango de camarista.
Bajo la premisa de que los jueces desempeñen cualquiera de las tres funciones que les competen dentro del Código Procesal Penal que se pondrá en marcha en abril en Comodoro Py, hay otro cálculo que quienes trabajan en la implementación realizan: el edificio, en lo que a funcionarios del Poder Judicial concierne, tiene un dotación cinco veces más grande que las cabeceras de las jurisdicciones del Interior, que son multifueros.
“La llegada del sistema acusatorio a Comodoro Py va a reconfigurar la dinámica de trabajo y el personal podrá ser reasignado por el Consejo de la Magistratura”, explicó una importante fuente judicial.
Existe, pudo saber Clarín, un proyecto en lápiz negro que algunos integrantes del Poder Judicial han podido revisar y hay, en ciertos sectores del mismo, un consenso con el Ministerio de Justicia para avanzar hacia esta reforma profunda de Comodoro Py.
Más alla de todo, esta iniciativa deberá reformar varias leyes vigentes: la que dio creación a la Cámara de Casación, la que configuró en doce los juzgados de instrucción y otros “parches legislativos que se hicieron sobre el Poder Judicial”, indicó una fuente judicial.
El principal desafío será conseguir los votos requeridos en el Congreso de la Nación.
Fuentes oficiales aseguran que ninguna reforma sobre el fuero federal penal requiere que salga por Ley y no por Decreto. Pero advierten que por la vía del decreto se corre el riesgo de que termine judicializándose y se trabe cualquier modificación. Por eso, el proyecto de ley ya está en marcha.
Fuente: Clarín