El Gobierno asegura que la marcha LGBT del sábado es “política” e insistirá con eliminar los cupos trans en el Estado. El Ejecutivo busca polarizar con la agenda del movimiento y apunta contra los dirigentes opositores que participarán de la movilización. “Es una marcha política que nuclea a todos los que están en contra de la gestión”, expresan en Nación.
La Casa Rosada celebra la participación de dirigentes políticos en la marcha y manifiesta que “la idea es que quede claro quién está de cada bando para marcar la división”. Busca además impulsar medidas contra la agenda “woke” durante 2025, de forma que sea uno de los ejes de campaña para las elecciones legislativas.
La mesa política del oficialismo respalda los lineamientos del discurso de Javier Milei en el Foro de Davos y expresa que “representa la ideología del Gobierno”. En Balcarce 50 reconocen que quieren instalar el debate sobre las políticas sociales y de diversidad en la discusión pública con la intención de generar fracturas en los partidos opositores.
Es parte de la política exterior que busca fijar el presidente en contra de la Organización de las Naciones Unidas y de la agenda 2030. Es por eso que quiere concretar una nueva liga de naciones conservadoras con los Estados Unidos, Israel e Italia. Sus cercanos apuntan a trasladar la confrontación al plano nacional, de forma que se conformen dos coaliciones de izquierda y de derecha.
El Gobierno mantiene la postura de enviar un paquete de leyes que derogue todas las normativas que incluyan “discriminación positiva sobre minorías”. La encargada de trabajar el proyecto es la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
El Ejecutivo quiere disolver los cupos laborales para personas travestis, transexuales y transgénero (Ley 27.636), que fija el 1% de su participación en las estructuras estatales. Lo mismo aplica para la Ley de Paridad de Género (27.412), que establece el requisito de ubicar de manera intercalada mujeres y varones desde el primer candidato hasta el último candidato suplente.
La iniciativa contiene además la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal (Ley 26.791), que incorpora como agravante a un homicidio que el hecho sea “perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. En Nación expresan que “no hay ninguna diferencia entre el homicidio de un hombre o de una mujer”.
Incluye la derogación de de la Ley Micaela (27.499), que fue sancionada en 2018 y establece capacitaciones obligatorias en perspectivas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en el Ejecutivo, en el Congreso y en la Justicia. “Son imposiciones que no resuelven el problema de fondo”, expresan en Nación.