El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó el decreto que dispone la desafectación y el cese inmediato de un agente transitorio del Servicio Penitenciario Provincial (SPPT). El efectivo es investigado por su presunta vinculación con el ingreso ilegal y la comercialización de teléfonos celulares a los reclusos del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz.
La contundente medida fue oficializada mediante el Decreto N° 992/7 (SES), publicado este 22 de mayo en el Boletín Oficial, y alcanza a Luis Alfredo Valenzuela, quien había sido incorporado al Escalafón Seguridad de la fuerza en julio de 2025.
La decisión del Poder Ejecutivo se originó a partir de las actuaciones administrativas iniciadas tras las requisas sorpresivas realizadas el pasado 20 de abril de 2026 en las Unidades N° 1 y N° 3 del penal. Durante esos procedimientos, las autoridades secuestraron teléfonos y otros dispositivos prohibidos. Según detalla el expediente de la investigación interna, al abrir los registros de los aparatos incautados se detectó una línea telefónica de la empresa Personal registrada a nombre de Valenzuela, quien justamente prestaba servicios en la Unidad N° 1.
La situación del guardia se agravó drásticamente cuando un interno con identidad reservada declaró, aportando pruebas sobre transferencias de dinero dirigidas al agente penitenciario para habilitar el ingreso de los equipos al penal. A estos graves indicios se sumaron diversas capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y registros de un perfil de TikTok atribuido al acusado, elementos que terminaron de cercar su coartada.
En su declaración administrativa, Valenzuela negó rotundamente haber ingresado el teléfono secuestrado, argumentó que no se encontraba de guardia el día del procedimiento y afirmó que utilizaba una línea distinta a la denunciada en su legajo personal. Sin embargo, reconoció un accionar insólito: admitió que solía dejar su billetera y su teléfono celular sobre las mesas del patio al que concurrían los internos, situación por la cual ya había recibido duros llamados de atención de sus superiores. Para el Gobierno provincial, este obrar negligente y poco responsable pone en serio riesgo la seguridad pública y justifica acabadamente la pérdida de confianza en el agente.
El decreto firmado por el mandatario provincial sostiene que los indicios y elementos objetivos descubiertos generan un estado de duda inaceptable respecto de la conducta funcional del empleado. El texto oficial subraya que la tarea penitenciaria exige una conducta intachable, por lo que este escenario configura un quiebre irreparable en el vínculo de confianza calificada que debe existir entre la institución y sus agentes.
Finalmente, la normativa destaca que, al ser personal transitorio, el efectivo carece del derecho a la estabilidad, otorgándole al Poder Ejecutivo la potestad de disponer su cese inmediato para resguardar el interés público y la credibilidad del organismo. La resolución dispone la desafectación con reserva de agravamiento, dejando abierta la puerta a nuevas y severas medidas en función de los resultados que arroje la causa penal que iniciará el Servicio Penitenciario Provincial en la Justicia./LosPrimeros