A partir de este miércoles, las empresas ya no están obligadas a financiar a las cámaras patronales con aportes o contribuciones compulsivas. Hasta ahora las compañías las hacían aunque estuvieran asociadas o no a esas entidades.
La decisión fue implementada a través del Decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, bajo la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El decreto modifica la interpretación de la regulación vigente. Los aportes, desde ahofra, pasarán a ser voluntarios.
«Existen acuerdos colectivos de trabajo que estipulan contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales signatarias de dichos acuerdos, a cargo de empleadores no asociados o afiliados a éstas», explicaron fuentes oficiales sobre la medida que alega una «interpretación exagerada» de la Ley 14.250, sancionada en 1953 y reformada en 2004, sobre el alcance de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).
En el documento oficial compartido por el Ejecutivo se señala que la aplicación de las cláusulas involucradas no tiene fundamento normativo, por lo que no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias destinadas a las cámaras o grupo de empleadores a las empresas no asociadas a ellas.
Uno de los casos más polémicos relacionados al tema es el de Comercio, ya que, según estimaciones del gobierno libertario, a través de estos mecanismos se le impone al sector mercantil, con alrededor de 1,2 millón de trabajadores, el pago de unos $ 6.000 millones mensuales para «presuntas actividades de capacitación».
Los mencionados aportes equivalen al 0,5% del salario de cada trabajador de la actividad, en torno a $ 5.000 mensuales, y son recaudados por la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
A partir del último decreto lanzado por el Gobierno de Milei, por el contrario, todas las empresas y compañías que deseen continuar aportando a dichas entidades de forma voluntaria podrán seguir haciéndolo. No obstante, queda sin efecto la obligatoriedad.
En paralelo, el Gobierno adelantó que no homologará negociaciones colectivas que tengan como objetivo obligar a las empresas a mantener los mencionados aportes o contribuciones obligatorias, ya que lo consideran una interpretación incorrecta de la ley que regula dichos convenios.
Fuentes oficiales indicaron que la eliminación del pago de aportes y contribuciones obligatorias fue una medida solicitada por numerosas entidades gremiales empresarias de todo el país.