El Gobierno dio un nuevo paso en su plan para la eliminación de los subsidios energéticos generalizados. Para eso, fijó entre junio y noviembre de 2024 un período de transición, en el que buscará que trasladar de manera gradual el costo real de la luz y el gas a los hogares que hoy tienen asistencia estatal, es decir, los usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3).
Mediante el decreto 465, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, determinó “la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, a fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible”.
Así inicia un esquema de 6 meses, prorrogable por otros seis, para aplicar un “traslado de manera progresiva” del costo energético, que a la vez otorga -según dice el decreto- un plazo prudente para que los usuarios puedan prever sus consumos y el correspondiente gasto energético. Con el sistema gradual de quita de subsidios, además, el Gobierno busca evitar cualquier acción judicial contra el incremento tarifario.
De esta manera, la gestión Milei empieza a acercarse al régimen de subsidios basado en una Canasta Básica Energética (CBE) que contemple las necesidades esenciales de consumo de electricidad y de gas de los hogares según su ubicación y época del año.
Se esperaba que la CBE estuviera lista para mediados de año, pero su implementación se demoró por la complejidad en acceder a datos, con un Registro de Acceso a los Subsidios (RASE) en el que muchos usuarios no se registraron aun cuando está vigente desde mediados de 2022.
En los considerandos del decreto se habla que el proceso de transición, que podrá ser prorrogado por única vez por otros seis meses- permitirá pasar de un universo de 10 millones de usuarios con subsidios a un esquema concentrado en “aquellos que realmente lo requieran”.
“Hasta tanto se implemente un régimen de subsidios basado en la CBE, se considera prudente establecer un período de transición que permita trasladar progresivamente a los usuarios los costos reales de la energía y promover la eficiencia energética, a la vez que se asegure a los usuarios residenciales el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica y gas”, se resalta en los considerandos del decreto.