El Gobierno de Javier Milei formalizó el envío al Congreso de la denominada “Ley Hojarasca”, el proyecto legislativo impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que tiene como fin primordial la derogación de normativas obsoletas.
La iniciativa busca realizar una «limpieza» del digesto jurídico argentino, eliminando leyes que el oficialismo considera anacrónicas, sin aplicación real o directamente incompatibles con los principios de la Constitución Nacional.
Este proyecto retoma la esencia de una propuesta presentada en 2024 bajo el nombre de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta. En aquel entonces, el Ejecutivo planteaba dar de baja 63 leyes, pero el debate nunca prosperó en las comisiones.
Ahora, la gestión relanza la apuesta como una pieza clave de su plan de desburocratización y reducción del peso del Estado sobre los ciudadanos.
En qué consiste el proyecto de “Ley Hojarasca”
El texto propone una depuración profunda basada en tres ejes principales:
.Superación tecnológica: Incluye regulaciones sobre microfilmación, televisión en color o incluso una ley del siglo XIX referida al carbón mineral.
.Organismos inexistentes: Normas que rigen sobre entes ya disueltos o procesos administrativos que jamás se pusieron en marcha.
.Paradigmas sanitarios superados: Un ejemplo emblemático es la normativa que aún permite la internación obligatoria de personas con lepra, la cual es señalada por vulnerar derechos fundamentales.
Más allá de lo técnico, la “Ley Hojarasca” apunta a disposiciones que el Gobierno define como «herencias de lógicas de control antidemocráticas». Esto abarca desde regulaciones sobre reuniones privadas y contenidos culturales hasta exigencias de circulación que el Ejecutivo considera que restringen las libertades individuales de forma innecesaria.
Desde la Casa Rosada, presentan esta reforma como un paso hacia un modelo centrado en la eficiencia y la libertad individual. El objetivo final, según explicaron fuentes oficiales, es simplificar la relación cotidiana entre el Estado y los ciudadanos, eliminando estructuras administrativas sin función real y trámites que solo entorpecen la actividad económica y la vida privada.