El plan de privatizaciones es una de las apuestas del Gobierno para sumar dólares a la economía y, a la vez, correr al Estado de sectores y asuntos que -a criterio de las autoridades nacionales- los privados resuelven mejor.
En ese marco, el Ejecutivo apretó el acelerador para conseguir este año cerrar todas o casi todas las privatizaciones incluidas en la Ley Bases, de julio de 2024. El objetivo se fue dilatando y enfrenta ahora una etapa crucial antes de que comiencen “los mejores 18 meses”, como dijo el presidente Javier Milei en alguna oportunidad.
Es que hasta ahora la gestión Milei logró poco más de US$1080 millones con la venta directa de las acciones que el Estado tenía en dos sectores diferentes: metalurgia y energía (generación y transporte de electricidad).
Para los próximos meses, en tanto busca duplicar esa cifra hasta fin de año y captar entre US$2000 y US$3000 millones según amplió días atrás el viceministro de Economía, José Luis Daza.
Cuánto recaudó el Gobierno hasta ahora por privatizaciones
Desde que asumió, el Estado nacional embolsó US$1081 millones por las privatizaciones, que forman parte del plan de desinversión y reducción del peso estatal en empresas estratégicas.
Eso porque se desprendió de las acciones y delegó el control total o en formato de concesión en las siguientes empresas:
.IMPSA: la metalúrgica mendocina que fue vendida a ARC Energy en enero de 2025 por US$27 millones.
.Cuatro represas hidroeléctricas del Comahue: adjudicadas a dos grupos económicos locales por un total de US$700 millones.
.Transener: la venta del paquete accionario se concretó en abril por US$356 millones, y forma parte de la privatización por partes de Enarsa.
El Tesoro, sin embargo, no pudo retener esos dólares en su cuenta. Por el contrario, buena parte se usó para pagos de deuda. Los principales destinos fueron los compromisos con bonistas y con el FMI.
Las próximas privatizaciones: los cálculos del Gobierno
Desde junio, el Ejecutivo apunta a acelerar el ritmo de ventas y concesiones. El 2 de junio se abrirán los sobres para la venta del 100% de las acciones de Intercargo, la empresa encargada de los servicios de rampa en los aeropuertos. Se estima que sumará al menos US$45 millones.
En paralelo, avanza el proceso de licitación de AySA, la empresa de agua y saneamiento, que sería la primera privatización de servicios públicos de la era Milei. El Gobierno espera cerrar la operación antes de fines de agosto y estima recaudar US$500 millones.
También están en carpeta -como parte de la privatización de Enarsa-la venta de las acciones estatales en las centrales termoeléctricas San Martín (Timbúes, Santa Fe, 69% de participación) y Manuel Belgrano (Campana, Buenos Aires, 65%). Entre ambos activos, la participación estatal representa otros US$500 millones.
Así, de concretarse las tres operaciones, sumaría unos US$1045 millones.
El resto de la agenda: concesiones y venta de material ferroviario
El resto de los dólares que el Gobierno espera captar debería surgir de la agenda de concesiones en marcha. En estos casos, el foco no está puesto en el ingreso inicial, sino en el canon que tendrá el Estado y el ahorro por transferir el manejo y mantenimiento de obras, rutas y servicios ferroviarios al sector privado.
En ese contexto, entró en etapa de definición la concesión de la hidrovía, por donde pasa el 80% de las exportaciones argentinas y también se esperan novedades sobre la adjudicación para más de 5000 kilómetros de rutas nacionales que están en licitación.
Además, para las próximas semanas, se esperan novedades sobre la licitación del Belgrano Cargas, que incluye la venta de locomotoras y vagones, así como la concesión de las tres líneas que lo conforman. Lo recaudado por la venta de material rodante y edificios irá a un fondo destinado a financiar infraestructura ferroviaria.