El Gobierno formalizó la suspensión del pago del programa Potenciar Trabajo a más de 4.500 personas por supuestas incompatibilidades.
La decisión había sido anticipada días atrás por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, luego de que avanzara una investigación llevada a cabo por el fiscal Guillermo
Marijuan.
Los trabajos judiciales arrojaron que «luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan».
Las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz, se
informó en un comunicado.
A través de la Resolución 17/2023, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer los nombres de todas las personas apuntas: se trata de un listado de 418 páginas.
El fiscal Marijuan había solicitado en noviembre pasado las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad, a fin de cruzarlas con el padrón del plan social.
Según la investigación, «la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública».
El fiscal apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que «sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional,
conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público».
Los titulares de Potenciar Trabajo cobran $78.000 y el Gobierno del presidente Javier Milei ya aclaró que ese monto se congelará, por lo que no habrá aumentos en los próximos meses.
El objetivo del plan es «contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y
la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica».