La inflación prevista para este año ya se alejó de las previsiones que tenía originalmente en mente el equipo de Sergio Massa cuando desembarcó en el Palacio de Hacienda. Este martes, el INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que fue del 6,3% y acumuló una suba de 60,2% en lo que va del año. De esta manera, se superó la meta del 60% que el Gobierno plasmó en la hoja de ruta de ingresos y gastos prevista para el 2023. Además, para 2024 ya prepara un proyecto que tiene una llamativa premisa: alcanzar el déficit cero.
En los primeros cuatro meses del año, ya se había alcanzado la mitad de la meta de inflación y desde ese entonces el nivel de precios se aceleró. En concreto, en abril la inflación mensual tocó un pico de 8,4%, en mayo llegó a 7,8%, en junio fue de 6% y en julio cerró en 6,3%.
Aunque los analistas consideran que la meta del Presupuesto funciona como un mecanismo para generar expectativas, las proyecciones privadas ya indicaban que se superaría ese umbral en julio. Incluso, ya se espera que los precios cierren el 2023 en 140,7%, de acuerdo al último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica el Banco Central. El panorama inflacionario se verá aún más agravado en los próximos meses, cuando quede plasmado en los números oficiales el impacto de la devaluación que dispuso el Gobierno el día después de las PASO, que ya se estima que podrá dejar cifras “de dos dígitos” de forma mensual al menos hasta octubre.
En relación con el avance de las asignaciones presupuestarias, de acuerdo al último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), a fines de julio, se ejecutó el 57,9% del presupuesto de gastos. Dentro de los programas sociales, se destacaron las ejecuciones en la Prestación Alimentar (84,3%), en el Potenciar Trabajo (81,6%) y en las becas Progresar (76,6%) presentaron elevados niveles de ejecución. También las transferencias a universidades (80,9%), los gastos en personal (69,3%), los subsidios económicos (62,3%), y los intereses de la deuda (60,1%). En tanto, en lo que va del año, el Gobierno oficializó ocho modificaciones presupuestarias a través de distintas decisiones administrativas.
En cuanto a la dinámica de los primeros siete meses del año, los ingresos de la administración nacional se redujeron un 5,1% en términos reales, mientras que los gastos cayeron 6%. De esta manera, según la OPC, el déficit financiero fue de $4.130.043 millones, lo cual representa una baja de 8,7% en relación con el mismo período del año anterior.
Presupuesto 2024: una iniciativa oficial del “déficit cero”
Si bien todavía quedan varios meses para cerrar el año que corre, el Gobierno ya debe apurar su hoja de ruta para 2024. Antes del 15 de septiembre debe presentar en el Congreso el proyecto para el Presupuesto del año entrante y ya comenzaron a conocerse algunos lineamientos.
La Secretaría de Hacienda se encuentra en etapa de “formulación” de la letra chica del proyecto, pero ya dejó en claro que el objetivo para el próximo año es alcanzar el equilibrio fiscal primario, es decir, que el resultado sea equivalente entre los gastos y los ingresos, sin contar el pago de los intereses de la deuda.
“Dada la necesidad de continuar –en 2024- con una administración fiscal ordenada, resultaría oportuno proponer al Honorable Congreso de la Nación la aprobación de una Ley de Presupuesto para el año 2024 cuyo resultado sea déficit primario cero”, expresó Hacienda en un boceto que circuló en los días previos a las PASO.
La premisa luce, al menos, llamativa, si se tiene en cuenta la evolución de las cuentas fiscales de este año hasta ahora. Si se toma como referencia el cumplimiento de la meta de reducción fiscal pautada con el FMI -que se fijó en 1,9% del PBI-, solo en el primer semestre ya se llegó a 1,1% del producto. Además, el segundo tramo del año, advierten los especialistas, suele ser más exigente en materia fiscal.
También está previsto para el proyecto del año que viene incluir una separata para debatir el impacto del gasto tributario en las cuentas públicas. Esto es, las reducciones impositivas que disminuyen las obligaciones tributarias de determinados contribuyentes, generalmente grupos empresarios.
“El peso financiero del gasto tributario y de otros beneficios empresarios similares es significativo. Efectivamente, equivale a 4,5% del PIB aproximadamente, por lo que su reducción resulta crucial para lograr la meta fiscal propuesta de déficit primario cero para 2024″, indica ese mismo documento.
La estrategia de presentar una separata para ponerlo en discusión no es nueva. El año pasado, Economía también había llevado al Legislativo un proyecto por fuera del Presupuesto general que buscaba eliminar la exención de jueces y empleados del Poder Judicial del pago del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, ese artículo finalmente no contó con el respaldo suficiente y no prosperó.
Ahora, Economía tiene menos de un mes para terminar de plasmar los cálculos sobre gastos e ingresos previstos para el año que viene y a partir de allí comienza un debate que no será inmediato. Primero el presupuesto llegará a la Cámara de Diputados para luego tener el visto bueno en el Senado y finalmente convertirse en ley. El año pasado el proyecto tuvo su aprobación definitiva a mediados de noviembre. Si esos plazos se repiten, la aprobación definitiva del presupuesto 2024 llegaría para la fecha de un eventual balotaje.