El Gobierno Nacional puso en marcha un paquete de reformas que permitirán modernizar y desburocratizar el sector aéreo, a partir de la publicación hoy en el Boletín Oficial, del decreto 599/2024 que reglamenta el acceso a los mercados aerocomerciales, se habilita el ingreso de nuevos operadores, se transparenta el modo en el que se asignan las posiciones y horarios de vuelo a las aerolíneas y optimiza los servicios en los aeropuertos.
El decreto, además, permite digitalizar trámites, desregular los servicios de rampa en los aeropuertos y agilizar los procesos para el otorgamiento de rutas. También habilita a quienes tengan pequeñas aeronaves a ejercer una industria lícita sin la burocracia actual que les exige los mismos requisitos de una gran línea aérea.
Esto permitirá que ciudades intermedias del interior del país, que hoy no tienen vuelos directos, puedan accedar a una mayor conectividad.
En los considerandos del decreto, se indica que la actividad aerocomercial en la Argentina debe “regirse por los principios de libre acceso a los mercados, lealtad comercial, desregulación tarifaria, estricto resguardo de la seguridad operacional y la seguridad en la aviación, vigilancia operacional continua de los servicios autorizados, el principio de unicidad del estado, la libertad contractual, celeridad, comunicación directa, dinamismo, integralidad y eficacia”.
Todas estas medidas forman parte de la reglamentación del DNU 70 de diciembre de 2023.
La reforma del código aeronáutico reglamenta los acuerdos entre empresas de manera tal que estas deciden el nivel de cooperación entre ambas para conectar sus operaciones, compartir horarios de vuelo, rutas, recursos, conexión de vuelos, entre otros puntos.
“Es intención del Poder Ejecutivo nacional aumentar la conectividad aérea tanto dentro del país como también con terceros Estados”, señala el Decreto.
Por otra parte, se liberan trabas innecesarias, se impulsa la conectividad regional y global del país y las provincias y se consolidan los principios de libre acceso a los mercados, la lealtad comercial, la desregulación tarifaria, el resguardo de la seguridad operacional, entre otros.
Según indica el decreto, el objetivo final del paquete de reformas es que el país tenga mayor conectividad, más frecuencias y nuevas empresas aéreas, lo que generará un mayor flujo de turismo en las provincias argentinas, con tarifas más competitivas para que más personas puedan volar. También se promueve las inversiones necesarias para el sector y para fortalecer la seguridad operacional.
“Las actividades referenciadas (transporte aéreo interno e internacional de pasajeros y/o de cargas, para servicios regulares o no regulares; para el trabajo aéreo y para los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general) quedan autorizadas para prestarse, conforme la elección del explotador, en cualquier aeródromo, instalación o infraestructura habilitada por la autoridad aeronáutica a dichos fines, conforme los avances técnicos y sujeto la autorización del operador del aeródromo, la capacidad operativa declarada y al régimen de explotación y funcionamiento del aeródromo correspondiente”, señala el Anexo I del decreto.
Fuentes oficiales destacaron que las normas que rigen el sector aéreo argentino no se renuevan desde hace más de 70 años y que, para transformar el transporte, el trabajo aéreo y la aviación civil, era necesario actualizarlas.
Y adelantaron que, por eso, están previstos más decretos para la reforma del Código Aeronáutico, la derogación de leyes que provocan monopolios, la implementación de política de cielos abiertos y cambios de funciones de los organismos públicos.
La norma determina que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ya no convocará a audiencias públicas para el tratamiento de solicitudes de rutas de los operadores y a partir de ahora, un operador podrá solicitar los tramos que desee operar y el gobierno tendrá 30 días iniciales de plazo máximo para presentar oposiciones u observaciones.
Si al final de dicho plazo no hubiere objetado el pedido o no se hubiere expedido, el operador podrá pedir el pronto despacho de la solicitud.
No obstante se aclara que, si a los 15 días de solicitado el pronto despacho la autoridad aeronáutica no se hubiere pronunciado, la solicitud se considerará aprobada automáticamente, quedando sólo como requisito que el operador presente los seguros de ley y la “aprobación operativa de las programaciones”.
En otro orden, desde la Secretaría de Transporte señalaron que esta medida “transparenta el modo en el que se asignan las posiciones y horarios de vuelo a las aerolíneas y optimiza los servicios en los aeropuertos”.
La decisión gubernamental posibilita digitalizar trámites, desregular los servicios de rampa en los aeropuertos y agilizar los procesos para otorgar rutas. También habilita a quienes tengan pequeñas aeronaves a ejercer “una industria lícita”.
Todas estas medidas fueron impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, en articulación con la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Simplificación del Estado.
Se trabajaron en conjunto con empresas del sector, universidades, equipos técnicos públicos y privados, incluyendo a más de 80 actores de la industria.
El Gobierno Nacional viene desarrollando una política de liberalización de vuelos mediante acuerdos bilaterales que promueven la apertura de cielos con Ecuador, Brasil, Perú, Chile y Uruguay; también con Panamá y Canadá, a los que se sumarán más países en los próximos meses.