El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara decretos para reformar el transporte terrestre de larga distancia y el tipo jurídico de las empresas públicas. La mesa chica del Ejecutivo quiere que agilice la reforma del Estado y avance con medidas que impacten rápidamente en la microeconomía.
Javier Milei prepara una reunión con Sturzenegger para que le presente una hoja de ruta sobre las próximas desregulaciones. Ya realizó una reforma del sector aerocomercial e impulsó el establecimiento de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol.
El ministro trabaja en el decreto que desregula los servicios de larga distancia con el equipo del secretario de Transporte, Franco Mogetta. Se trata de modificaciones en el registro de operadoras junto con la liberación de tarifas y recorridos.
Acelera además la unificación del tipo jurídico de las empresas públicas como sociedades anónimas, de forma que puedan tasarse para comenzar el proceso de privatización. Se trata de Energía Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
Sturzenegger se involucrará en el proceso de reducción de las empresas públicas que Milei quiere privatizar. Tiene a cargo la secretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, que preside María Rosana Reggi. Es el área que monitorea las bajas de empleados públicos de planta permanente y contratados.
Es por eso que trabajará con el titular de la Unidad Ejecutora de Empresas, Diego Chaher, que está dentro de la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo. El exinterventor de Télam es el encargado de ejecutar las ventas y negociar con los empresarios.
El ministro de Desregulación prepara también un decreto que elimina alrededor de 60 organismos de la Administración Pública. Forma parte de la reforma del Estado que el presidente le pidió que realizara con las atribuciones de la Ley Bases.
Ya disolvió el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y quiere avanzar sobre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.
El Gobierno incluyó modificaciones a la Ley de Empleo Público en el mismo paquete reglamentario, que establece un marco normativo para los empleados públicos de los organismos sujetos a eliminación o modificación.
Dispone que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado. Fija además una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mayor remuneración del último año
Según pudo saber TN, el Gobierno no avanzará sobre el universo completo de contratados estatales, que ya redujo de 72.000 a 49.000. Más de un ministro planteó en el gabinete que gran parte de su estructura se compone de estos empleados y que no hay más margen de reducción.
Es por eso que el Ejecutivo apunta a llegar al número de 70.000 bajas que anunció Milei en más de una ocasión a través de la venta de empresas públicas y de la eliminación de organismos. Quieren avanzar sobre los empleados de planta permanente. En la Casa Rosada sostienen también que postergaron el envío de la Ley Hojarasca al Congreso.