El Gobierno activó finalmente la contraofensiva judicial. Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, presentó este viernes una medida contra la cautelar que puso en pausa el capítulo laboral del DNU 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei. Se trata de un recurso extraordinario con el que el oficialismo apuesta a que sea la Corte Suprema la que resuelva la disputa.
El recurso fue presentado ante la Cámara del Trabajo, el tribunal que el miércoles de la semana pasada dio lugar al pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) para suspender la reforma laboral contenida en el megadecreto de 366 artículos.
Con este movimiento, se abren dos caminos para el oficialismo: la Cámara puede aceptar el recurso de Barra y darle curso a la Corte Suprema o, simplemente, rechazarlo. En este caso, el oficialismo podría insistir con un nuevo recurso de queja.
El fallo de la Cámara del Trabajo no generó malestar ni pesimismo en el Gobierno, que esperaba una resolución en ese sentido. De igual modo, la reacción del oficialismo no tomará por sorpresa a los gremialistas: desde el Gobierno ya habían anticipado la estrategia jurídica y que el excortesano Barra, una de los orfebres jurídicos más experimentados del oficialismo, llevaría el trámite hasta el último tribunal. “Nadie dijo que todo iba a salir fácil”, deslizaron a LA NACION fuentes oficialistas, en su momento.
Hace poco más de una semana, los camaristas Andrea García Vior y Alejandro Sudera –con la disidencia de la tercera integrante del tribunal, María Dora González – decidieron suspender la reforma laboral contenida en el decreto de necesidad y urgencia. Fue una medida cautelar dispuesta ante la maniobra judicial de la Confederación Federal del Trabajo.
García Vior y Sudera esgrimieron que tanto la necesidad y la urgencia no estaban debidamente justificadas en el decreto. “Las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema”, advirtió el fallo. El día anterior, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo allanó el camino y encendió el optimismo en la CGT al levantar la feria judicial para que el pedido fuera tratado. “Se protegen entre ellos porque vinimos a tocar los intereses”, deslizó una fuente del riñón libertario tras el fallo.
González, la disidente, solicitó que el expediente se tramitara en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso. Sobre esa línea interpretativa se recuesta el oficialismo que entiende, al igual que el fiscal general de la Cámara laboral, Juan Manuel Domínguez, que la justicia laboral no tiene dominio. El oficialismo presentó este lunes un recurso de apelación contra el fallo de Enrique Lavié Pico, el juez del fuero contencioso administrativo que habilitó la feria y activó casos que buscan anular todo el decreto. Lajusticia en lo contencioso administrativo aceptó darle trámite al pedido del Gobierno. El plan de Barra, era que el fuero contencioso se quedara con la causa promovida por la CGT.
La reforma laboral que impulsa el gobierno libertario –fuertemente resistida por el sindicalismo en su conjunto– incluye como causal de despido los bloqueos, lo que abre un debate sobre el alcance del derecho a huelga; una supervisión de las denominadas “cuotas solidarias”, una de las cajas más relevantes de recaudación para los sindicatos; y la inclusión del consentimiento de los empleados para que se les descuente de su salario el porcentaje de la cuota sindical. Además, regula y penaliza las asambleas de trabajadores que, en la práctica, terminan convirtiéndose en medidas de fuerza que afectan la dinámica de la empresa.