El Gobierno publicó este jueves el Decreto 138/25, que introduce una reforma en la regulación de las sociedades de gestión colectiva (SGC), las cuales representan a autores, artistas y creadores de diversas áreas. Firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos, y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el decreto fue elaborado en colaboración con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, entre otros organismos.
La reforma tiene como objetivo eliminar los monopolios en la gestión de derechos de autor y promover la celebración de acuerdos directos entre creadores y usuarios. A partir de ahora, los autores serán los beneficiarios directos de sus obras, sin necesidad de intermediarios.
Sociedades de gestión colectiva: los cambios que establece el decreto
Los titulares de derechos podrán asociarse a una o más sociedades de gestión colectiva o gestionarlos de manera individual. Las sociedades deberán acreditar su facultad para administrar los derechos ante el Registro y estarán reguladas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Ministerio de Justicia.
Las sociedades deberán respetar un porcentaje máximo del 30% para gastos de administración y no podrán intervenir cuando los titulares decidan gestionar sus derechos individualmente. Además, deberán establecer aranceles proporcionales al uso de las obras y pagar los derechos dentro de los 2 meses.
Las sociedades de gestión colectiva deberán publicar anualmente sus balances, tarifas y distribución de fondos. También se prohíbe mantener fondos sin repartir, y si no se identifica al titular de los derechos dentro de 4 meses, los fondos se redistribuirán entre los demás representados. Las sociedades deben adecuar sus estatutos a las nuevas normas en un plazo de 180 días.
Sociedades de gestión colectiva: cuál es el impacto
El decreto establece que los titulares de derechos de autor y derechos conexos podrán unirse a una o más sociedades de gestión colectiva o ejercer sus derechos de manera individual. Además, establece las condiciones para que una sociedad sea reconocida como SGC y elimina el monopolio de las entidades existentes, creando un régimen general para nuevas sociedades. También se incluyen requisitos de transparencia y funcionamiento para que los autores conozcan cómo se gestionan sus derechos y los montos cobrados.
El Ministerio de Justicia será responsable de fijar los topes máximos de los aranceles que las SGC podrán cobrar a los usuarios según el tipo de obra y uso. La reforma también afecta a las sociedades existentes, como AADI-CAPIF y SAGAI, que deberán adaptarse a los nuevos requisitos y permitir la competencia y acuerdos bilaterales.
Aunque el monopolio de Argentores se mantiene debido a una ley específica (Ley 20.115), se permitirán acuerdos bilaterales para establecer tarifas entre autores y usuarios.
Según el comunicado oficial, «esta reforma pone fin al control estatal instaurado durante el régimen de facto del presidente Juan Carlos Onganía hace 50 años, algo que no había sido abordado hasta la llegada de Milei. Cabe recordar que en agosto de 2024, el gobierno ya había realizado cambios importantes en la normativa de propiedad intelectual, con el Decreto 765/24, que redefinió el concepto de «ejecución pública» para eximir a ciertos lugares privados, como hoteles y salones de fiestas, del pago de derechos a SADAIC y otras SGC».