La obra pública fue una de las principales variables de ajuste del gasto público desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La decisión de reducir el financiamiento para infraestructura se tradujo en un cambio en la distribución de los recursos entre las provincias y en el avance de un nuevo esquema.
El gasto de capital pasó de representar el 7,5% del total del gasto primario -entre 2021 y 2023- al 2,5% en los últimos dos años. En términos del PBI, se redujo al 0,4%. Así lo indicó un trabajo de la consultora LCG.
La tendencia se profundizó en lo que va de 2026. El gasto de capital ya acumula una caída real del 10% entre enero y julio. De los 1241 proyectos activos, solo el 35% registró pagos durante los primeros siete meses del año. En ese período, el monto devengado alcanzó los $0,7 billones, apenas el 26% del crédito vigente. El área de Transporte concentra la mayor parte de los recursos.
El informe distinguió dos fuentes formas de financiamiento de la obra pública en las distintas provincias por parte del Gobierno: la transferencias de capital y los proyectos realizados de manera directa por Nación.
Con respecto a las transferencias de capital a las provincias, entre enero y julio, el Gobierno giró $0,5 billones para financiar obras, un 52% menos en términos reales frente al mismo período de 2025.
Sin embargo, la distribución fue desigual. Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis concentraron el 70% de los recursos transferidos. Se trata de jurisdicciones con gobernadores dialoguistas.
Mientras Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones no recibieron fondos por esta vía en lo que va del año.
En términos per cápita, la disparidad es aún mayor: Catamarca recibió montos que superan en más de 23 veces al promedio provincial, sostuvo el reporte.
Con respecto a los destinos de los fondos, Tucumán concentró recursos para obras de transporte de energía eléctrica y para la repavimentación de calzada de la ruta nacional N°7 por unos $11.682 millones.
Catamarca y Salta, en tanto, recibieron recursos para infraestructura de agua potable y alcantarillado. Mientras que San Luis para proyectos de vivienda.
Transporte, el principal destino de la inversión nacional
El otro tema que analizó el informe de la consultora LCG es la caída de la obra pública ejecutada por Nación. Desde enero, la inversión acumula un recorte del 38% en términos reales.
Dentro del gasto, Transporte concentró la mayor parte de los recursos, con el 43% de la ejecución total (dos puntos por debajo del año pasado a la misma altura). El programa con mayor nivel de inversión fue Mantenimiento y Atención de Emergencias en Rutas Varias, que devengó $24.100 millones y alcanzó una ejecución del 42%. Aun así, registró una caída del 28% real interanual.
En el desglose por provincias, Buenos Aires recibió $29.693 millones o el 19% de los fondos destinados a Transporte, asignados a la construcción de la Autopista Presidente Juan Domingo Perón ($9300 millones) y a las etapas III y IV del programa MAS ($10.300 millones).
Le siguieron Misiones, Santiago del Estero y Entre Ríos, que completaron el grupo de jurisdicciones con mayores asignaciones en el área.
Traspaso de rutas y concesiones: la nueva estrategia para reactivar la obra pública
El fuerte recorte de los recursos nacionales obligó a buscar alternativas para sostener la infraestructura. En ese contexto, el Gobierno profundiza su estrategia de ceder el manejo de las rutas nacionales a las provincias con gobernadores dialoguistas, para reactivar la infraestructura vial mediante concesiones privadas.
Ya se firmó el traspaso de rutas con Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro. A su vez, Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian por su lado, mientras que Tucumán, lo rechazó.
El avance de este esquema responde al reclamo de las provincias por el deterioro de las rutas y la necesidad de mejorar la infraestructura logística para sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos.
El primer acuerdo fue firmado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, el 22 de julio. El convenio contempla la gestión de la ruta nacional A012, que conecta el Gran Rosario con puertos regionales, por un plazo de 20 años.
La firma de estos convenios representa el primer paso concreto del esquema que el Gobierno habilitó en abril con el decreto 253. Esa norma había autorizado a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus jurisdicciones.
La delegación de facultades, sin embargo, no implica el traspaso de la titularidad de las rutas. El Estado mantiene el dominio público y la jurisdicción federal sobre los corredores, mientras que las provincias podrán asumir funciones vinculadas con la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, siempre que previamente firmen convenios con la Dirección Nacional de Vialidad y obtengan la aprobación de la Secretaría de Transporte.
“El segundo mecanismo es la concesión de infraestructura vial al sector privado, a través de la nueva Red Federal de Concesiones, mediante la cual la Nación busca transferir al sector privado la operación, mantenimiento y realización de inversiones en más de 9000 kilómetros de rutas (de un total de 40.000 kilómetros en manos nacionales), bajo esquemas de concesión por peaje”, indicó LCG.
De esta manera, Milei busca reemplazar el modelo de obra pública financiada directamente por Nación por otro basado en concesiones, participación privada y una mayor intervención de las provincias.