El presidente Javier Milei ordenó retirar al Estado nacional de la querella en la causa que investiga la ruinosa deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar la fuga de capitales de grandes fondos de inversión y que ahora deben pagar todos los argentinos. Así quedó plasmado en el Decreto 87/2026 publicado el jueves en un complemento del Boletín Oficial con las firmas del mandatario libertario y de su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
«Derógase el artículo 1° del Decreto N° 239 del 8 de abril de 2021», indica el primer artículo del Decreto presidencial lo que en la práctica implica dar marcha atrás con lo ordenado por el entonces presidente Alberto Fernández. En el segundo artículo orden: «Instrúyese a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019».
La causa, caratulada «Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública», se encuentra en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires y busca determinar a los presuntos responsables de los delitos de acción pública que podrían haber damnificado al Estado nacional.
En 2021, el entonces presidente Fernández instruyó a la Procuración del Tesoro a «iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal», y la Justicia la aceptó como parte querellante.
El decreto firmado por Milei señala que «sin embargo, el 2 de febrero del corriente año, la jueza interviniente resolvió archivar la causa en cuestión, considerando que no se cometieron los delitos denunciados» y «advirtió que gran parte de los cuestionamientos planteados en las denuncias constituían discrepancias con las decisiones de política económica llevadas a cabo por los distintos organismos públicos, en el marco de sus competencias».
«La Procuración del Tesoro ha expresado, luego de un análisis de las actuaciones, que la resolución dictada ha respetado formalmente los parámetros constitucionales del debido proceso y que se ha fundado en el derecho vigente y en los hechos comprobados de la causa mencionada precedentemente», agrega el documento, y concluye que «el Ministerio Público Fiscal es el que se encuentra en la mejor posición técnica para impulsar la investigación».
Apelaron el archivo de la causa
El fiscal federal Franco Picardi apeló el jueves el fallo que archivó la causa por presuntas irregularidades en la toma y uso del préstamo Stand By firmado por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI en 2018, al sostener que la resolución fue arbitraria, con valoración parcial de pruebas y sin un análisis integral de los hechos y evidencias reunidas.
En su recurso, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la jueza realizó una evaluación fragmentaria del material probatorio y trató los distintos episodios como hechos aislados, cuando para la fiscalía forman parte de un proceso concatenado que debe ser analizado de manera global para determinar eventuales responsabilidades penales.
Además, cuestionó que el fallo haya transcripto evidencia sin ponderarla ni justificar de qué manera se arribó a las conclusiones que derivaron en el archivo de la causa.
El planteo de Picardi remarca que existen indicios suficientes para profundizar la investigación. Entre las hipótesis formuladas se mencionan posibles incumplimientos normativos en la toma de deuda, presuntas irregularidades en la administración de los fondos, opacidad en el proceso de negociación y decisiones que habrían provocado perjuicios económicos relevantes para el Estado y la sociedad.
El recurso también pone en discusión aspectos institucionales y procedimentales del acuerdo, como la falta de intervención formal del Congreso o del Presidente mediante actos administrativos específicos, así como la posible simulación o reconstrucción posterior de expedientes administrativos para justificar decisiones ya adoptadas.
En función de estos agravios, la fiscalía solicitó que se revoque el archivo y que la Cámara Federal ordene continuar la investigación, al considerar que la magnitud institucional y económica del caso exige un análisis más profundo y exhaustivo.