La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial para este jueves 12 de febrero, a partir de las 11, con el objetivo de debatir la Reforma del Régimen Penal Juvenil y habilitar el tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La citación se produce en una semana cargada de actividad parlamentaria, marcada por la conformación de comisiones clave y negociaciones con la oposición dialoguista.
En paralelo a la sesión prevista, el oficialismo avanzó este martes con la integración de siete comisiones estratégicas, paso previo para ordenar el tratamiento de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo y llevarlos al recinto.
El Régimen Penal Juvenil del Gobierno que duró un día
Uno de los ejes centrales de la sesión será la Reforma Penal Juvenil, que el oficialismo busca llevar a debate en base a un expediente fechado el 15 de julio de 2024, y no al texto que el Gobierno había enviado esta semana al Congreso.
La decisión responde a que el propio Ejecutivo resolvió retirar la nueva iniciativa, luego de detectar que fijaba la edad de imputabilidad en 13 años, un punto que no contaba con el aval de los bloques aliados. El consenso político alcanzado con la oposición dialoguista establece el umbral en 14 años, tal como figuraba en el dictamen firmado el año pasado.
Por ese motivo, el Gobierno prevé reenviar en las próximas horas una versión corregida del proyecto, con adecuaciones que incluyan la asignación de recursos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia, con el objetivo de garantizar el financiamiento para la implementación efectiva de la ley.
El dictamen que el oficialismo se dispone a revalidar contempla, entre otros puntos, la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la baja de las penas máximas de 20 a 15 años, y la incorporación de modalidades alternativas de cumplimiento de condena, como prisión domiciliaria, tareas comunitarias, prohibición para conducir vehículos o reparaciones económicas.
Desde los bloques aliados remarcaron que el límite de 14 años se encuentra dentro de los parámetros establecidos por los tratados internacionales de derechos del niño con jerarquía constitucional, una postura que fue sostenida en reiteradas oportunidades por Patricia Bullrich, autora original del proyecto durante su paso por el Ministerio de Seguridad.
Mercosur–Unión Europea, el otro eje del temario
El segundo punto relevante de la agenda será el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 17 de enero en Asunción. El tema será analizado previamente en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur, convocado para la tarde de este martes.
El acuerdo prevé la conformación de un espacio económico integrado por más de 700 millones de personas, que representa cerca del 30% del PBI mundial y alrededor del 35% del comercio global. Desde el Gobierno sostienen que el entendimiento permitirá impulsar el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible.
Según lo anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el tratado se estructura sobre tres pilares: comercial, de cooperación y político. Para los países del Mercosur, se proyecta un aumento de las exportaciones hacia la UE a partir de la liberalización del 92% de los aranceles y mejoras específicas para productos agroindustriales.
Entre los compromisos asumidos, la Unión Europea reconocerá 220 Indicaciones Geográficas del Mercosur, de las cuales 104 corresponden a la Argentina, y pondrá en marcha un Fondo de Cooperación Reforzada de hasta 1.800 millones de euros, compuesto por subvenciones y garantías. Además, se prevé la recuperación de preferencias comerciales para exportaciones clave como biodiésel, aceites, langostinos y cítricos, junto con beneficios inmediatos para carnes, soja, frutas, legumbres, mate, té, bebidas y productos pesqueros.
En ese marco, la UE anunció la realización del Foro UE–Argentina de Inversión y Comercio, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de junio en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer el diálogo público-privado, identificar oportunidades de inversión y consolidar las cadenas de valor birregionales.