En el Gobierno aseguran que no hay «apuro» para avanzar en el veto «total» a la ley de jubilaciones que sancionó el Congreso el último jueves y, de hecho, el Senado recién este lunes «comunicará» al Poder Ejecutivo la aprobación de la normativa que eleva los haberes y modifica su fórmula de actualización de acuerdo a la inflación.
Cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmaron a Clarín que desde la Secretaría Parlamentaria de la Cámara alta enviarán este lunes a la Casa Rosada la norma aprobada por más de las dos terceras partes el cuerpo en una sesión en la que también se decidió «congelar» las dietas de los senadores hasta diciembre.
Sectores de la oposición más dialoguista reclaman que el veto sea parcial y no total como anunció Javier Milei. Sería una salida política que evitaría un nuevo revés en el Congreso del Presidente. ¿Será esta la razón por la que el Ejecutivo se tomará unos días para vetar?
En el Ejecutivo, sin embargo, señalan que no habrá «veto parcial» y continuará la estrategia que el propio Milei adelantó el viernes durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario. «El costo fiscal de la medida, el chiste de ayer (por el jueves), esa bestialidad propia de brutos, nos costó 370 mil millones de dólares. ¿Acaso ustedes pretendían que no vetará semejante disparate?», disparó.
En el oficialismo explicaron que el jefe de Estado no tiene «prisa» para anular la norma ya que tiene «10 días» hábiles, desde la sanción de la misma, para cumplimentar el trámite. Es decir, el plazo legal para vetar la normativa vence el próximo jueves 5 de septiembre.
En la secretaría de Legal y Técnica, que conduce Javier Herrara Bravo, reconocieron que aún no tenían el texto en cuestión pero otras fuentes de gobierno consultadas aclararon que igualmente «se está trabajando» en el borrador de lo que será la anulación de una normativa aprobada en el Senado por una mayoría conformada por el kirchnerismo, el PRO, la UCR y representantes de bloques provinciales.
Sin embargo, la letra fina de la «argumentación» con la que se oficializará el veto total a la reglamentación corresponderá a la «Presidencia».
En el Ejecutivo insistieron este domingo que no hay lugar para ningún tipo de negociación con sectores de la oposición «dialoguista» para anular sólo los artículos 2, 4 y 10, que son los de mayor impacto en los haberes mínimos, en los juicios con sentencia firme y en la asistencia a las 13 provincias que no transfirieron sus Cajas previsionales.
Se trata de otro gesto del Presidente en pos de revalidar su firme postura de no convalidar ninguna iniciativa que ponga en riesgo la reducción del déficit fiscal.
Qué dicen los tres artículos
El artículo 2 dice que el haber mínimo no podrá estar por debajo del valor de la canasta básica total (CBT) de un adulto multiplicada por 1,09, lo que en julio significó unos $317.704,19. En ese mes la jubilación mínima fue de $215.581 más el bono de $ 70 mil, lo que dio un total de $285.581.
El artículo 4, en tanto, fija un aumento adicional a la fórmula de movilidad a aplicarse en el mes de marzo de cada año: esto es, un 50% de la diferencia entre variación del RIPTE y la variación del IPC del último año, siempre que resulte positiva.
El capítulo 10 impone un plazo de 6 meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme y las contraídas a favor de las cajas provinciales no transferidas.
Para los asesores de Milei las enmiendas resultan inaplicables por el costo fiscal que demandaría su aplicación. Empero, el Gobierno sufriría el costo político de un veto que atenta contra los ingresos de una población vulnerable y, en paralelo, se arriesgaría a que la oposición logre reunir los dos tercios en ambas cámaras para, de esa forma, ratificar la ley.
De hecho, el Senado el último jueves sancionó por 61 votos a favor y 8 en contra la mencionada normativa, es decir, superando las dos terceras partes de los presentes que requeriría un primer paso hacia una eventual anulación del veto presidencial. De concretarse esta movida opositora, con todo, sería un mojón en la etapa democrática que dio inicio en Argentina desde el final de la Dictadura.
El antecedentes más cercano a un veto presidencial de una ley similar, asimismo, ocurrió en 2010 cuando Cristina Kirchner anuló una normativa que establecía una jubilación mínima que representara el 82% del salario mínimo, vital y móvil.
La entonces presidenta justificó su rechazo al indicar que “su promulgación implicaría prácticamente la quiebra no sólo del sistema previsional argentino sino del propio Estado”.