El Gobierno busca bajarle el tono a la aparición de nuevas pruebas en la causa judicial por la criptomoneda $LIBRA. El Ejecutivo sigue de cerca la información pericial sobre contactos entre el entorno presidencial y el lobista Mauricio Novelli durante el lanzamiento del activo digital, que generó pérdidas a los inversores por al menos US$100 millones.
En la Casa Rosada conviven dos posturas sobre el impacto del nuevo material. Mientras que en algunos despachos oficiales aseguran que están tranquilos y que “no hay nada en el fondo de la cuestión” que comprometa penalmente a Javier Milei, otros sectores reconocen que la difusión de registros de comunicaciones y otras evidencias tuvo un impacto fuerte en términos políticos y mediáticos.
La primera línea de funcionarios mantiene la postura de que el Presidente no tuvo participación en el desarrollo ni en la operatoria financiera del criptoactivo y argumenta que las revelaciones sobre comunicaciones o contactos previos no modifican la situación judicial. En línea con la defensa que articularon desde febrero de 2025.
El nuevo material que se incorporó a la causa surge de peritajes tecnológicos en los teléfonos del lobista Mauricio Novelli. Allí se detectaron múltiples comunicaciones con integrantes del círculo presidencial durante las horas previas y posteriores al lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025. El fiscal Eduardo Taiano lo tiene en su órbita desde enero.
El análisis fue realizado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. En los sectores del Gobierno con mayor preocupación califican una eventual citación judicial a Javier y Karina Milei como “lo peor que les podría pasar” y admiten que harán “todo lo que tengan a disposición” para que no suceda.
La difusión de esos datos reactivó además discusiones en el Ejecutivo sobre el manejo político y judicial del caso. Algunos funcionarios atribuyen la “pérdida de control” de la situación a los cambios recientes en el Ministerio de Justicia, con la asunción de Juan Bautista Mahiques y el desplazamiento de Sebastián Amerio como viceministro.
“Amerio no tenía tan mal el vínculo con la Justicia entonces. Cuidaba al Presidente. Hay que ver si Mahiques tiene la misma intención”, expresan en el entorno del consultor Santiago Caputo. En el espacio que responde a Karina Milei rechazan esa interpretación y aseguran que los avances judiciales no están vinculados con los cambios en la estructura del ministerio.
En la Casa Rosada ponen la mira, en paralelo, en el juez Ariel Lijo, que lleva la causa vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y buscan tender puentes con la Corte Suprema. Hay versiones internas que indican que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi -que interviene en el expediente de Libra- “dejó en claro” que no va a mantener ningún tipo de comunicación con Mahiques.