El Gobierno tiene lista la medida que impulsa cambios regulatorios para flexibilizar el otorgamiento de créditos en dólares a personas y empresas que no generan divisas, pero evalúa postergar su implementación por diferencias internas sobre su respaldo. Los equipos técnicos del Ejecutivo ya trabajaron sobre las modificaciones al marco legal.
Según pudo saber TN, la iniciativa ya estaba avanzada entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, pero en las últimas horas surgieron reparos técnicos sobre las condiciones estructurales necesarias para avanzar con la medida. “Estaba todo dado para que se anunciara en los próximos días, pero se puso en pausa”, expresan en Nación.
En la Casa Rosada aclaran que las advertencias internas apuntan a la capacidad del sistema para absorber un eventual shock externo. Advierten que un movimiento abrupto del tipo de cambio -aun dentro del esquema vigente- podría incrementar los niveles de mora si los deudores que no generan divisas enfrentan un encarecimiento significativo de sus cuotas en pesos.
“Es un riesgo que no es exclusivo de la Argentina y que también puede afectar a economías desarrolladas”, agregan. Es por eso que en Balcarce 50 se debaten si el Banco Central cuenta con margen suficiente para actuar ante un escenario de tensión de solvencia o liquidez en el sistema financiero. En varios despachos oficiales prefieren no asumir un riesgo adicional vinculado a la expansión del crédito en moneda extranjera.
La iniciativa apunta a modificar el marco vigente tras la crisis de 2001. El artículo 23 del decreto 905/2002 -luego incorporado al régimen financiero- estableció que los depósitos en moneda extranjera sólo pueden destinarse a préstamos para prestatarios con ingresos vinculados directa o indirectamente al comercio exterior. Ese blindaje buscó evitar el descalce de monedas.
El nuevo esquema en el que trabaja el Gobierno contempla que los bancos otorguen créditos hipotecarios, prendarios y personales en dólares a individuos que perciben ingresos en pesos, bajo criterios estrictos de evaluación crediticia. En Nación sostienen que “no tiene sentido discriminar por la moneda que una persona produce” y que lo “relevante” es su capacidad de generar ingresos para afrontar la deuda.
En el Ejecutivo advierten que la medida no implica cambios en la política cambiaria ni una flexibilización adicional del régimen vigente. El oficialismo tiene previsto mantener el sistema de flotación entre bandas, que evolucionan mensualmente según la inflación informada por el INDEC. Lo mismo aplica para el programa de acumulación de reservas que prevé compras por hasta US$10.000 millones en 2026.
En la Casa Rosada enmarcan el anuncio dentro dentro de la estrategia de “remonetización en dólares” que acompaña la Ley de Inocencia Fisca. En algunos sectores de Balcarce 50 argumentan que una mayor profundidad financiera en dólares no necesariamente implica un aumento del riesgo si el sistema evoluciona hacia un modelo más restrictivo de intermediación -la banca tipo “Simon”- con mayor respaldo de activos y menor apalancamiento.