El Gobierno le pidió al Banco Mundial a mediados de diciembre cancelar 9 proyectos de financiamiento internacional por un monto de hasta 1.700 millones de dólares, con el objetivo de «iniciar el proceso de reestructuración de cartera y alinearla a las prioridades estratégicas» de la Argentina.
Las nuevas prioridades oficiales para aplicar el financiamiento internacional son el empleo, la educación y la protección social con transferencias directas a los más necesitados.
Entre esos programas que ya contaban con la aprobación del organismo está el contrato de préstamo 9390-AR por US$ 598,5 millones para la «modernización del transporte ferroviario de pasajeros» en la línea Belgrano Sur, que conecta el sur de la Ciudad de Buenos Aires con múltiples localidades del sudoeste del Gran Buenos Aires (GBA), como Gregorio de Laferrere y González Catán, densamente pobladas, en el partido de La Matanza, y otras en Merlo y Morón.
Según la nota administrativa interna 140358248 emitida el 23 de diciembre pasado, a la que accedió Clarín en exclusiva, el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, le envió a las ejecutivas del Banco Mundial Marianne Fay, la directora Representante del organismo en la Argentina, y Cristina Isabel Panascto Santos, gerenta de Operaciones en el país, el pedido oficial para que la institución reestructure su cartera de financiamiento.
El Banco Mundial accedió al requerimiento del Gobierno y cancelará estos proyectos. Los directivos del organismo ya están en conversaciones con los funcionarios para establecer nuevas prioridades, entre las que estará el programa Fomentar Empleo.
Los proyectos cancelados
Quirno, mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo, pidió cancelar «saldos no comprometidos de operaciones vigentes» como la del Belgrano Sur, que había sido aprobada a mediados de 2022.
Las obras en esa línea de trenes iban a beneficiar potencialmente a 65.000 pasajeros y un total de 2 millones de personas en la zona de influencia, con la electrificación del servicio de transporte público, la renovación de vías e infraestructura, nuevo señalamiento y telecomunicaciones, la transformación de pasos a nivel, y la «puesta en valor» de estaciones y entornos.
Consultado por Clarín, Quirno contestó: «Miramos constantemente la calidad de la cartera de préstamos y priorizamos los que tienen impacto social, como la Educación y la asistencia a planes sociales. La línea Belgrano Sur de trenes no forma parte de las obras priorizadas por la Secretaría de Transporte y dimos de baja ese proyecto para tener espacio en otros de la emergencia ferroviaria».
Y remarcó: «No nos sirve de nada tener préstamos aprobados que nos aumentan la deuda y que no sean ejecutados. Hoy una de las prioridades es la emergencia ferroviaria«. Dentro de ese programa de emergencia manejado por Transporte hay algunas obras en el Belgrano Sur pero también en el resto de las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En los despachos oficiales se preocuparon en aclarar que las obras y proyectos cuyo financiamiento del Banco Mundial pidieron suspender no es que estén canceladas, sino que se buscarán otras fuentes para afrontarlas.
En ese sentido, el segundo mayor programa en términos de fondos que cancelará el Gobierno es el contrato 9521-AR para financiar energías limpias para hogares y comunidades vulnerables, por 359 millones de dólares. Este proyecto podría beneficiar a 1.250.000 personas hacia junio de 2029.
Por otro lado, también se suspenderá el financiamiento «sostenible» para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) por US$ 199,5 millones y otros US$ 190 millones para el programa de agua y saneamiento «con atención» a personas vulnerables.
Además, se parará el curso de fondos por US$ 128 millones para el «fortalecimiento de la política alimentaria para poblaciones vulnerables», US$ 74,08 millones para la gestión de riesgos rurales, US$ 70 millones para cerrar la «brecha digital», US$ 50,92 millones para la «infraestructura resiliente al clima para la gestión del riesgo de inundaciones» y otros US$ 30 millones para la «innovación para el crecimiento inteligente».
El espíritu teórico del gobierno de Javier Milei es reducir al mínimo la obra pública en el país porque el Estado no debe ser empresario y el sector privado, según su visión, es más eficiente en asignar recursos a proyectos que tienen utilidad económica.
Asimismo, hacer obra pública constituye -según el marco teórico de La Libertad Avanza (LLA)- un gasto del dinero de los contribuyentes que se materializa en un endeudamiento, mientras que uno de los objetivos de la fase inicial del programa de Milei es el desendeudamiento neto, para el que se usan los recursos del superávit financiero.
La Argentina y el Banco Mundial
Argentina tiene una cartera activa con el Banco Mundial de 24 proyectos de inversión, por un total de US$ 7.580 millones en préstamos. La cartera se centra en dar apoyo a programas de salud, medio ambiente, educación, energía, infraestructura, mercado laboral y protección social.
Durante 2023, la Junta Directiva del Banco Mundial había aprobado varios proyectos, entre los que se encuentran los que ahora se suspenden:
- Un proyecto de US$200 millones para proporcionar financiamiento a más de 14.000 MIPYMES y apoyarlas mientras enfrentan riesgos climáticos y mejoran su capacidad para competir en los mercados verdes.
- Un proyecto de US$ 450 millones para aumentar la eficacia de los programas alimentarios.
- Un préstamo de US$ 50 millones para mejorar el acceso a los servicios públicos de salud en la provincia de Buenos Aires.
- Un proyecto de US$ 400 millones para ampliar el acceso a energía limpia y promover la eficiencia energética en hogares y comunidades vulnerables.
- Un préstamo de US$ 300 millones para mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud.
- Un proyecto de US$ 200 millones para reducir los riesgos de inundaciones en ciudades de todo el país.
- Un préstamo de US$ 300 millones para reducir las tasas de deserción escolar en la educación secundaria y superior.
- Un préstamo de US$ 150 millones para apoyar el crecimiento urbano planificado que permita un acceso más inclusivo a la vivienda.
Fuente: Clarín