Cuando hay sequía, ni siquiera el “dólar soja” alcanza. El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ultimaban ayer el anuncio, previsto para este lunes, de los cambios al acuerdo firmado hace apenas un año, para blindarlo del doble azote de la guerra en Ucrania y la fuerte sequía que deshilachó la cosecha del campo, el principal maná de dólares con el que cuenta la Argentina, en un nuevo intento por mantener a flote el plan económico hasta el cambio de gobierno, a fines de este año.
Contra las cuerdas, el equipo económico que comanda Sergio Massa cierra una nueva negociación con los técnicos del Fondo, una larga discusión que comenzó en Buenos Aires y en los últimos días se dividió entre la capital norteamericana y Bengaluru, en la India, donde Massa se reunió con la directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva. El objetivo: conseguir una nueva bocanada de oxígeno. Con la economía entre algodones, amordazada por la multiplicidad de “cepos” y agobiada por una inflación anual que ya alcanzó los tres dígitos, la sequía terminó de asestar un golpe letal a la estrategia del ministro de Economía para intentar lograr un atisbo de estabilidad antes del inicio formal de la campaña presidencial.
Gracias a la fenomenal docilidad que ha mostrado el Fondo en el último tiempo para acomodar sus exigencias a las limitaciones de la Argentina, el equipo de Massa y el staff del organismo terminaban de delinear una nueva flexibilización del programa que aliviará la presión sobre el Gobierno para acumular reservas, justo cuando los dólares escasean más que nunca. La que se conocerá será, en rigor, la tercera flexibilización del programa, cuya credibilidad ya nació diluida en medio de las críticas de economistas, que lo consideraron demasiado “liviano”.
Ni el Fondo ni el Gobierno quisieron brindar precisiones sobre la letra chica del nuevo acuerdo. Pero fuentes oficiales señalaron que el foco de la última negociación –las discusiones con el FMI nunca se acaban del todo– era la meta de acumulación de reservas del Banco Central, el objetivo más ambicioso del plan original que tejió el entonces ministro, Martín Guzmán.
El Gobierno debía sumar 9800 millones de dólares a las reservas netas del Banco Central en 2022 y 2023, un objetivo inalcanzable por la sequía. Esa meta se dividía, originalmente, en 5800 millones de dólares el año anterior y 4000 millones este año. Para cumplir con ese objetivo, Massa y su equipo diseñaron el “dólar soja”, una medida que el Fondo aceptó a regañadientes con un “waiver” –el organismo prohíbe que haya múltiples tipos de cambio– solo porque se trataba de una herramienta excepcional. Pero el éxito del “dólar soja” requiere, sí o sí, que haya soja para vender. El golpe que le impuso la sequía a la cosecha del campo –paradójicamente, el mismo fenómeno que descarriló el programa de Mauricio Macri a principios de 2018– forzó al Gobierno a recalcular.
Ya el año anterior, el Gobierno había logrado que el Fondo flexibilizara la meta de reservas de 2022, al bajarla de 5800 millones a 5000 millones de dólares. Pero para lograr ese margen, el Gobierno aceptó subir también el objetivo de 2023 de 4000 millones de dólares a 4800 millones. Ahora el Fondo y el Gobierno anunciarían un nuevo sendero de acumulación de reservas, efectivamente enterrando el acuerdo original diseñado por Guzmán. Una y otra vez, el Gobierno y el FMI indicaron que las metas se mantendrían intactas, solo para después modificarlas de acuerdo con el desempeño de la economía y a las limitaciones oficiales para implementar una política económica más agresiva.
El hecho de que el Gobierno haya desistido de solicitar un “waiver” y haya ido en busca de un cambio de metas es un indicativo de la gravedad del nuevo escenario económico: el Gobierno y los técnicos del Fondo anticiparon no sólo que la Argentina incumpliría las metas de marzo, sino también las de las revisiones siguientes a mediados de este año, en septiembre y en diciembre. En ese escenario, un “waiver” hubiera sido inútil.
El Fondo Monetario ya había elevado la alarma por las reservas a principios de febrero, luego de que Massa anunció el programa de recompra de deuda. El Fondo avaló esa operación, pero puso reparos a la movida, que ya había generado dudas y críticas entre economistas y analistas en Buenos Aires y en Estados Unidos.
Nigel Chalk, el funcionario del Fondo que actualmente está al frente del Departamento del Hemisferio Occidental desde que Ilan Goldfajn se fue al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo en una entrevista con la agencia Reuters que las reservas eran “escasas”, y en el FMI preferirían que no hubieran acciones que pusieran en riesgo la acumulación de divisas, el objetivo más importante del programa para el organismo multilateral, que tiene una fuerte exposición en la Argentina.
“Las reservas son escasas, y preferiríamos no tener acciones que socaven la acumulación de reservas que estamos asumiendo en el programa”, dijo Chalk sobre el plan de recompra de deuda.
El acuerdo con el Fondo se ha sostenido hasta ahora gracias al fuerte ajuste fiscal que implementó Massa, aumento de tarifas incluido, y a un abanico de medidas –“parches” que dejan una “bomba”, para los críticos de la gestión oficial– que ayudaron a contener la crisis y evitaron una escalada mayor del dólar oficial y las múltiples cotizaciones paralelas. Pero nada hubiera sido posible sin la notable flexibilidad que ha mostrado el FMI, o el respaldo de la Casa Blanca y el resto de las potencias del G7, abrumadas por un mundo en guerra, que todavía intenta dejar atrás el azote de la pandemia del coronavirus.