El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, se encuentra analizando contratos que la gestión de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner firmó con distintas empresas que debían dar material militar, como drones, aviones, modernización de tanques y embarcaciones militares. Se está barajando que se presente denuncias penales.
Por lo que se está encontrando, se analiza que el Estado pagó millones de pesos por materiales y desarrollos que nunca recibió, o que los procesos de modernización de unidades que se pidieron tienen retrasos llamativos.
Durante gestiones anteriores, se destinaron más de $200 millones al proyecto de Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA). Este tenía como objetivo crear dos prototipos de vehículos aéreos no tributados, que no se completaron. También se investiga la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa, Pucará e IA100 que tampoco fueron entregados a la cartera de Defensa.
En 2015, durante el gobierno de CFK, se firmó un contrato entre el Ministerio de Defensa e INVAP con la misión de crear dos prototipos operativos de Sistemas Aéreos no tripulados, que debían realizarse en un plazo de 7 años a cambio de un total de $2.095.900.000.
El proyecto en total incluía vehículos aéreos no tripulados, una estación terrena de control, sistemas de comunicaciones y un paquete de tecnología para blancos aéreos de alta velocidad.
El ministerio que maneja Petri también está realizando auditorías vieron que desde sus cuentas partieron para el Invap unos $200.470.000, además de otros $45 millones facturados, pero no cobrados en el marco de este convenio.
En 2016 el contrato quedó parado y en 2017 Defensa le solicitó al INVAP que informe el grado de avance del contrato SARA con sus respectivos costos detallados. También se le pidió a este organismo que reformule el alcance del contrato pero desde entonces la propuesta no tuvo avance alguno.
Hoy en día Petri no oculta su malestar con las transferencias de dinero por ese contrato. “Al día de hoy no tenemos un solo dron de fabricación nacional, y el desafío es tener, fabricar, producir drones en la Argentina para que posibiliten el control y vigilancia de nuestras fronteras, el control y vigilancia de nuestro espacio aéreo marítimo”, explicó.
Los contratos se están evaluando para ver si se cometieron delitos penales en la asignación de los fondos públicos o si existió algún tipo de desvío de ese dinero. Para ello hubo auditorías en distintas empresas de la defensa como la Fábrica Argentina de Aviones; el Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE). Del resultado de cada una de ellas se podrían realizar presentación judiciales.
La actual gestión ministerial puso la mira en una serie de compromisos que la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y la Armada Argentina firmaron con FADEA y con Tandanor. Los convenios contemplaban la entrega de aviones Pucará, Pampa, IA100 y remolcadores. Defensa transfirió 215 millones de dólares para incorporar y modernizar 17 aeronaves y unas 14 embarcaciones, entre las que se destaca la coberta ARA Parker. Pero no están los remolcadores por ningún lado.
Actualmente está en ejecución uno de los 12 remolcadores que la Armada Argentina le encargó a Tandanor. Desde Defensa profundizarán una línea de investigación para ver si el dinero que se dio para los materiales si usó para cubrir déficits de las empresas.
Entre 2020 y 2023 desde el Ministerio de Defensa se transfirieron unos USD166.391.225 al funcionamiento de Fabricaciones Militares y la Fábrica Militar de Aviones con sede en la provincia de Córdoba.