La Municipalidad de San Miguel de Tucumán inició actuaciones administrativas contra Uber y DiDi por incumplimientos de las ordenanzas que regulan el transporte mediante plataformas digitales y analiza las multas que podrían aplicarse a ambas empresas. El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, confirmó que ninguna presentó la información requerida y defendió la implementación del registro individual de conductores.
“Uber y DiDi brillan por su ausencia”, afirmó Arnedo en diálogo con LA GACETA. El funcionario explicó que el municipio avanzó con las intimaciones correspondientes y que actualmente se trabaja para determinar el monto de las sanciones. “Hemos llevado adelante la concreción de un expediente administrativo con las intimaciones que el caso requiere”, señaló. Los incumplimientos incluyen la falta de constitución de un domicilio fiscal y la obligación de remitir y actualizar cada 30 días el padrón de conductores y vehículos.
La situación es diferente con Cabify. Según precisó Arnedo, la empresa presentó información correspondiente a aproximadamente 200 conductores y prestadores de vehículos, convirtiéndose en la única de las tres principales plataformas que cumplió con las exigencias municipales.
El conflicto se desarrolla en el marco de las ordenanzas N° 5.483/2025 y N° 5.484/2025, sancionadas por unanimidad en diciembre pasado. La primera regula el transporte de pasajeros en automóviles, mientras que la segunda establece disposiciones para el traslado mediante motocicletas.
Ante la falta de inscripción de algunas plataformas, el Ejecutivo municipal anunció el 28 de agosto que avanzaría con un padrón propio para registrar directamente a conductores y propietarios de vehículos. Finalmente, el 1 de octubre comenzó a funcionar el Padrón Municipal Digital, mediante la Resolución N° 0033/D.S./2026.
Trámite
El trámite es obligatorio, gratuito y permanecerá habilitado hasta el 30 de noviembre. Según informó la Dirección del Sutrappa, aproximadamente 400 trabajadores completaron la inscripción durante las primeras dos semanas. El procedimiento puede realizarse mediante la plataforma Ciudadano Digital (CiDiTuc) o con asistencia presencial en dependencias municipales.
Los interesados deben presentar documentación personal y del vehículo, incluida la licencia de conducir, el certificado de reincidencia, la Verificación Técnica Vehicular y un seguro para pasajeros. Además, los automóviles no pueden superar los 13 años de antigüedad y recibirán una identificación mediante código QR una vez cumplidos los requisitos.
Arnedo sostuvo que el objetivo es conocer quiénes prestan el servicio y en qué condiciones circulan. Argumentó que el municipio no podía permanecer como espectador ante el incumplimiento de las plataformas y que, como organismo de contralor, tiene la responsabilidad de supervisar la actividad. “Nosotros queremos que los socios conductores, sin cargo, sin costo y sin canon, se inscriban en un padrón”, señaló. También aseguró que la medida no tiene fines recaudatorios y que cuenta con respaldo jurídico.
En cuanto a los conductores, Arnedo reconoció que todavía no se definieron las consecuencias para quienes no completen la inscripción antes del 30 de noviembre. Sin embargo, insistió en que el empadronamiento es obligatorio para todos los que prestan el servicio.
Cuestionamientos
La implementación del padrón generó una controversia con el concejal Leandro Argañaraz, quien presentó un proyecto de resolución para frenar la medida. El edil sostiene que la Ordenanza N° 5.483/2025 contemplaba un registro de empresas, pero no trámites individuales para los conductores. “La responsabilidad es de las empresas, no de los conductores, no podemos cortar el hilo por lo más delgado”, cuestionó. Además, consideró que la reglamentación incorpora exigencias descartadas durante el debate legislativo y advirtió que un dictamen del fiscal municipal no puede modificar una ordenanza.
Arnedo rechazó los cuestionamientos y defendió las facultades del Ejecutivo para implementar el registro. “Lamento mucho que el concejal Argañaraz, con quien hemos compartido la banca durante dos años y medio, venga aquí a hacer una política barata”, expresó. El funcionario vinculó las críticas con el escenario preelectoral y aseguró que el municipio no exige requisitos ajenos a la normativa aprobada por unanimidad.
Por su parte, Argañaraz anticipó que solicitará el tratamiento sobre tablas de su proyecto en la próxima sesión del Concejo Deliberante, aunque considera que el oficialismo podría bloquearlo. También adelantó que analiza otras vías para cuestionar la reglamentación. De esta manera, la controversia enfrenta dos interpretaciones sobre el alcance de las facultades municipales para controlar el funcionamiento de las plataformas digitales.
Fuente: La Gaceta