A menos de dos años de las elecciones de 2027, el crecimiento de las contrataciones en el Estado volvió a instalarse en el centro del debate político en Tucumán. El nombramiento discrecional de empleados públicos, una práctica que históricamente suele intensificarse entre un año y seis meses antes de cada elección, vuelve a ser observado con atención en medio de denuncias, auditorías y cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos.
Uno de los casos que mayor repercusión generó fue el de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Según datos oficiales surgidos de una auditoría, en 2023 la planta municipal había alcanzado los 12.123 agentes, cuando históricamente oscilaba entre los 4.500 y 5.000 trabajadores, con variaciones propias de la estacionalidad.
Del total de empleados relevados, 6.848 tenían domicilio en la capital tucumana, mientras que 5.275 residían fuera del municipio. Aunque esa situación no representa una irregularidad legal, ya que todos los trabajadores están alcanzados por el Estatuto del Empleado Municipal independientemente de su domicilio, el fuerte incremento de agentes provenientes del interior provincial despertó cuestionamientos.
La auditoría reveló que 1.382 empleados residían en el departamento Cruz Alta, de los cuales 198 vivían en Alderetes y 659 en Banda del Río Salí, entre otras comunas. Otros 949 tenían domicilio en Tafí Viejo, la mayoría en ese municipio y 289 en Las Talitas. Además, cerca de 900 trabajadores de la Municipalidad capitalina residían en Yerba Buena, 250 en Burruyacu, 180 en Tafí del Valle, 112 en Simoca y 78 en Chicligasta.
Entre los casos que llamaron especialmente la atención figura El Chañar, en Burruyacu. Esa comuna, con aproximadamente 2.500 habitantes, registraba 168 personas que, en teoría, prestaban servicios para la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Esto representaba el 6,72% de toda su población y un porcentaje aún mayor si se considera únicamente a los habitantes mayores de edad.
Una situación similar se detectó en Colalao del Valle, donde de las 964 personas censadas en 2022, 68 figuraban como empleados municipales de la capital, equivalente al 7% de la población total y aproximadamente al 14% de los adultos.
El ex subsecretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis, vinculó ese incremento con la estrategia política desplegada durante la campaña provincial de 2023. Según su interpretación, el entonces intendente Germán Alfaro, candidato a vicegobernador junto a Roberto Sánchez, buscó construir una estructura territorial fuera de la capital y, al hacerlo, descuidó su propio distrito, donde la candidata oficialista era Beatriz Ávila, quien finalmente perdió la elección por unos 5.000 votos.
Sangenis sostuvo que durante ese período se distribuyeron contratos en distintas localidades, desde Rumi Punco hasta Burruyacu, con remuneraciones que oscilaban entre $ 18.000 y $ 50.000. Según denunció, en numerosos casos los beneficiarios sólo concurrían al municipio para firmar el contrato y retirar una tarjeta bancaria del Banco Macro destinada al cobro de sus haberes, sin volver posteriormente a cumplir funciones.
El ex funcionario aseguró además que la intendenta Rossana Chahla ordenó una auditoría integral para verificar la cantidad de contratados, las tareas que desarrollaban y el cumplimiento efectivo de sus funciones. Como consecuencia de esos controles de presentismo, se dispuso la baja de quienes no trabajaban o no pudieron justificar sus actividades. En cambio, aquellos que sí cumplían tareas consideradas necesarias continuaron prestando servicios, aunque con una recomposición salarial que reemplazó los contratos de bajos montos que percibían anteriormente.
Sangenis también afirmó que una situación similar se produjo en Yerba Buena durante la gestión de Mariano Campero, a quien acusó de haber incorporado unos 800 contratos antes de las elecciones. Esa denuncia actualmente se encuentra bajo investigación judicial.
El actual diputado nacional y ex intendente de Yerba Buena rechazó esas acusaciones. Aseguró que «todo eso es mentira» y sostuvo que la propia estructura municipal desmiente esos números. Según explicó, la comuna cuenta actualmente con 949 empleados, incluidos funcionarios, de los cuales 795 corresponden a contratos de locación.
Campero precisó que esos trabajadores cumplen funciones principalmente en la Guardia Urbana Municipal, la escuela municipal, el Centro de Salud Carrillo, el Centro de Monitoreo y otras dependencias. Incluso afirmó que Yerba Buena sería uno de los municipios con menor cantidad de empleados públicos por habitante en toda la provincia.
Las cifras difundidas por el ex intendente guardan relación con los datos publicados por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Yerba Buena (Soemyb), que informa representar a cerca de 1.000 afiliados activos entre personal permanente y temporario. No obstante, Campero relativizó incluso esos registros al sostener que la cantidad real sería inferior.
Mientras tanto, la Dirección de Capital Humano de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, encabezada por María Lorena Radrizzani, informó que la planta actual asciende a 4.588 trabajadores entre personal permanente y contratado, lo que implica una reducción de 7.535 agentes respecto de la nómina auditada en 2023.
La comparación con otros municipios refleja diferencias significativas. Según datos oficiales, Concepción cuenta con alrededor de 480 trabajadores distribuidos entre 267 empleados de planta permanente, 107 contratados y prestadores de servicios, además de personal asignado a seguridad y Justicia municipal. Tafí Viejo, por su parte, registra aproximadamente 600 empleados formalizados, de acuerdo con la distribución de fondos de coparticipación y acuerdos fiscales provinciales.
En cuanto al acceso a la información pública, las nóminas de empleados de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo y Concepción sólo pueden consultarse mediante solicitudes formales, ya sea por vía escrita o digital, según el municipio. En cambio, Banda del Río Salí no ofrece actualmente un mecanismo para acceder a esos datos.
A nivel provincial, Tucumán cuenta con aproximadamente 130.000 empleados públicos, cifra que incluye a trabajadores de áreas esenciales como salud, educación y seguridad. La provincia registra 59,5 agentes estatales cada 1.000 habitantes, ubicándose en el undécimo lugar del país, por encima del promedio nacional informado de 69,8 empleados públicos por cada 1.000 habitantes.
En un escenario político que, pese a encontrarse en un año preelectoral, ya exhibe una fuerte dinámica de campaña, el crecimiento de las plantas estatales vuelve a instalarse como un tema de debate. En ese contexto, el seguimiento de las nóminas salariales municipales y provinciales aparece como uno de los principales indicadores para controlar el uso de los recursos públicos en la antesala de las próximas elecciones.
Fuente: Contexto