El oficialismo aclaró ahora que aceptará modificaciones que mejoren la ley ómnibus

A 24 horas de que comience el debate formal en la Cámara de Diputados del ambicioso proyecto de ley ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo, el presidente del cuerpo, el oficialista Martín Menem, aclaró que fue autorizado a dialogar con el resto de los bloques y aceptar cambios siempre que no se altere el “norte” de la norma.

“No se negocia el norte, no se negocian las ideas, pero sí se aceptan sugerencias”, dijo en diálogo con el periodista Marcelo Longobardi en radio Rivadavia. Y desarrolló: “Yo he recibido algunas sugerencias que son de muchísimo valor de quienes quieren acompañar el cambio y han tomado nota de la crisis que estamos atravesando”.

Ayer, el presidente Javier Milei había declarado que no negociará “nada” de la ley, aunque se mostró abierto a escuchar “sugerencias”. Menem aclaró este lunes cuáles son los límites de esa apertura.

“No negociamos nada que ponga en juego el destino, sí aceptamos sugerencias que puedan mejorar el proyecto, que es muy ambicioso”, dijo. Luego en otro tramo del reportaje añadió: “Se aceptan sugerencias, estamos para trabajar en conjunto sin negociar la libertad de los argentinos”.

En ese contexto anticipó que tomarán propuestas de otros partidos que consideren que pueden mejorarle la vida a la gente o que impulsen mayores desregulaciones a la economía. “Las ideas más creativas van a ser tomadas y aceptadas”, puntualizó. Y cerró: “Vamos a aceptar mejoras que al final del camino le devuelvan libertad a los argentinos”.

En síntesis, el oficialismo parece dispuesto a hacer algunas concesiones sin alterar el núcleo básico de ideas y la discusión pública gira en torno a una cuestión discursiva sobre cómo presentar el debate de ideas. El Gobierno quiere evitar el término “negociación” para no dar la idea de que dio el brazo a torcer y por eso se limita a comunicar que sólo acepta sugerencias.

Mañana comenzarán las sesiones informativas en las comisiones de la Cámara de Diputados. El Gobierno pretende sesionar el 25 de enero aprobar el proyecto sin extender las sesiones ordinarias, meta de difícil cumplimiento.

“La ley es grande, es amplia, es muy ambiciosa. Cuando me preguntan por qué tantos artículos, contesto que nunca se vivió una crisis como esta. Tenemos que hacer cosas que no hicimos en estos últimos 100 años. “No hay plata”, dice el Presidente. Y yo agrego que no hay tiempo. Es durísimo lo que tenemos que hacer para evitar el colapso”, dice Menem, quien explicó que el proyecto busca liberar el ingreso de inversiones al país para compensar la caída que tendrá la actividad por el recorte del déficit.

Pese a la narrativa de la Casa Rosada, la semana pasada ya hubo una negociación y el Gobierno terminó cediendo: fue el viernes cuando el ministro Guillermo Francos recibió al chubutense Ignacio Torres y se comprometió a revisar los artículos vinculados a la actividad pesquera. Torres y otros mandatarios patagónicos rechazan que se abra la zona exclusiva argentina a empresas extranjeras.

El paquete, denominado Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, en honor a Juan Bautista Alberdi, incluye 664 artículos que derogan otras leyes e impulsan cambios en la actividad pública y privada.

Los principales ejes de la ley ómnibus de Milei

• Emergencia pública. Como primera medida, el Poder Ejecutivo busca que el Congreso declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto permitirá que el Gobierno asuma “facultades legislativas” en esas materias.
• Privatización de las empresas públicas. El Gobierno busca generar “mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión”. En ese sentido, se constituirán sociedades anónimas, “en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.
• Política de calidad regulatoria. La medida tiene como objetivo la simplificación, digitalización y desburocratización administrativa, “promoviendo la transparencia y el debido proceso administrativo, así como el alivio de cargas y costos administrativos, para obtener regulaciones eficientes para la competitividad de los mercados, la creación de empleo y todo cuanto contribuya a elevar el nivel de vida de los ciudadanos y a la consiguiente reducción de los índices de pobreza”.
• Control interno de la administración. El Poder Ejecutivo “podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64, mediante su consolidación, conversión o renegociación, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero”.
• Actividad política y función pública. La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas, y los espacios institucionales de los órganos públicos deberán tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, textos, símbolos o imágenes con fines o que supongan una promoción político partidaria o personal.
• Reorganización económica. Entre las medidas, se permite la reventa de entradas deportivas. Serán “sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación”.
• Bioeconomía. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará, en todo el territorio del país, el régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales, o se elaboran o depositan productos de origen animal. Ese régimen comprenderá los requisitos de construcción e ingeniería sanitaria, los aspectos higiénicos, sanitarios y ambientales de elaboración, industrialización y transporte de las carnes, productos, subproductos y derivados de origen animal destinados al consumo en cualquier parte del territorio del país o a la exportación.
• Seguridad y Defensa. “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses”, establece el proyecto.
• Juicios por jurado. La medida pide que se apruebe el Régimen de Juicio por Jurados a nivel federal.
• Sistema electoral. La reforma política incluirá la eliminación de las PASO, el establecimiento de un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales y modificando las listas cerradas.
• Niñez y familia. Buscan “fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años; con el fin de reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, la protección y estimulación de los vínculos tempranos, y el desarrollo físico y emocional”.
• Educación. Proponen un examen para todos los estudiantes al final de la secundaria, la difusión de los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela y una mayor evaluación de los docentes, entre otros cambios en el sistema educativo. También habilita el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente.
• Por otro lado, el Gobierno también busca eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones, asumiendo la potestad de “realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. No se detalla cada cuánto serán los aumentos ni qué indicadores se tomarán como referencia.
• Uno de los puntos que llamó la atención de los diputados de la oposición fue la inclusión, casi al final del proyecto, de un artículo que “ratifica” el mega decreto de necesidad y urgencia N°70, que igualmente será abordado en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.