Abordada por el padre angustiado de un gendarme que reclamaba por el sueldo magro de su hijo que consumía $450 mil de los $750 mil del haber en alquiler, Patricia Bullrich le prometió al hombre que estaba trabajando en la entrega de viviendas para los gendarmes.
“Estamos trabajando para que nos den los planes Procrear (…) los alquileres los vamos a ir cambiando por todos los planes Procrear, que son casas”, intentó consolarlo la renombrada ministra de Seguridad nacional, aunque el Gobierno había disuelto en noviembre pasado el fondo fiduciario para financiar plan de construcción y crédito hipotecario creado en 2012.
La imagen de Bullrich con el padre del gendarme, en la localidad salteña de Aguas Blancas, adonde la ministra viajó para inaugurar la apertura de la licitación para los 200 metros de alambre que separarán la frontera con Bolivia desde la terminal de ómnibus, se viralizó instantáneamente por un video robado que registró la conversación.
Las declaraciones de Bullrich volvieron a dominar parte de la agenda horas después, cuando el Gobierno anunció que había eliminado la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda a través del decreto 70/25. El Gobierno ya había eliminado los fondos fiduciarios que habilitaban las líneas de crédito del programa de vivienda social y el mencionado Procrear.
48 mil viviendas en ejecución pero sin terminar
Cuando Javier Milei asumió la presidencia, había 48 mil viviendas en todo el país en proceso de ejecución que debían terminarse en 2024. Otro tanto debían completarse este año. En total se trataba de una inversión equivalente a los $ 6 billones.
Además del Procrear I y Procrear II, se contaban 18 mil casas del FONAVI, y viviendas de los programas Reconstruir, Casita Propia, Habitar Comunidad y Casa Activa, entre otros, y 10 mil lotes con servicio.
Según pudo saber este diario en base al testimonio de altas fuentes del Ejecutivo, Bullrich pretende avanzar con la entrega de parte de ese universo de viviendas a agentes de Fuerzas de Seguridad, en particular a los de Gendarmería y Prefectura, que son reasignados -en promedio- cada dos años a zonas de frontera. Las Fuerzas Armadas, en cambio, tienen -además de vastas propiedades y campos que arrendan- una cultura de cuarteles que garantiza vivienda para los soldados.
En Seguridad tomaron nota de que el volumen de traslados de uniformados a ciudades como Orán, por ejemplo, rompe el mercado de alquileres que suben exponencialmente. “Especulan y se aprovechan”, se quejan en el gabinete a pesar de que el Presidente suele repetir que el mercado nunca se equivoca.
Existen casos más particulares, como el de gendarmes y prefectos que deben vivir en inmediaciones cercanas u hoteles en zonas de turismo de lujo, como en el Chaltén.
En Seguridad descuentan que el ministro de Economía Luis Caputo, que tiene bajo su cargo a la secretaría de Obras Públicas, ya está al tanto del pedido de Bullrich.
La ministra logró arrancarle un aumento para las 4 fuerzas federales y el servicio penitenciario muy por encima de la pauta salarial que el Gobierno baja para el resto de los estatales y privados. “El 5 por ciento más el 1,5, más el uno, estamos en 7.89%. Nadie está (en esos valores). Los camioneros cerraron en el 1%. Téngame confianza, yo estoy con ustedes”, intentó persuadir Bullrich a su interlocutor.
En Economía, por ahora, nadie dio señales del supuesto plan de la ministra que requerirá de erogaciones para terminar obras. A través de un comunicado oficial, desde la Cartera que conduce Caputo aclararon que su intención es darles los proyectos a las provincias y/o municipios según requieran. Además, entregarán una porción de ellas a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que podría reasignarlas o bien venderlas en medio del plan de liquidación de activos que el organismo puso en marcha en 2024.
“Creemos en una política de vivienda gestionada por las provincias y los municipios, impulsada principalmente por las inversiones del sector privado”, expresaron. Además pasará a depender de Obras Públicas la subsecretaría de Integración Socio-Urbana, que casi no tiene presupuesto para avanzar en la urbanización de barrios populares, pero la controla Sebastián Pareja, alfil de Karina Milei y presidente del partido bonaerense de La Libertad Avanza
Bullrich piensa, en particular, en viviendas ubicadas en distintos puntos del conurbano bonaerense, como en Avellaneda. No descarta que los uniformados que resultaran beneficiados con esas viviendas -a través de un crédito blando- pudieran alquilarlas en el caso de que no la ocuparan por motivos laborales.
El intendente de esa localidad, el ex ministro de Vivienda Jorge Ferraresi, hizo una presentación en enero para reclamar por las 158 viviendas que fueron discontinuidad en los predios Entre Ríos (Piñeiro) y Belgrano 678 (Avellaneda Centro) que había cedido para el programa. “Exigiremos, por medio de las acciones legales que correspondan, la restitución de los inmuebles aportados que fueron abandonados por el Estado Nacional para poder darles continuidad con fondos propios”, reclamó en su momento.
Como contó Clarín, la recomposición salarial que el Gobierno apuró cuando trascendió el malestar de las Fuerzas de Seguridad y replicó rápidamente también para las Fuerzas Armadas, no conformó a los uniformados. “Espero que sea pronto, doctora, porque no va más”, le dijo el padre del gendarme.