El Presupuesto 2027 que envió el Gobierno al Congreso al filo del cierre del martes consolida una matriz de ajuste, que en los casos puntuales del sistema científico de universidades nacionales se siente con mayor crudeza porque son sectores que ya arrastraban problemas estructurales de desfinanciamiento.
Los organismos que componen el sistema científico, como CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) recibirán partidas para acompañar la inflación prevista del 18% por el Gobierno para el 2027.
En caso de que este escenario optimista de expectativa inflacionaria no se cumpla, volverán a perder capacidad de financiamiento en términos reales.
Este nuevo golpe se produce cuando aún no pudieron recuperar la pérdida del 35% de sus ingresos reales desde la llegada de Javier Milei en diciembre de 2023.
El panorama es sensiblemente peor para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que sufrirá en 2027 una quita nominal de partidas del 12,4%, al tiempo que para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está prevista una caída nominal de recursos del 5,2%.
Tanto el INTA como el INTI vienen sufriendo un fuerte desfinanciamiento y una pérdida masiva de personal desde 2024.
En el INTA, el recorte presupuestario acumulado en términos reales supera el 43%, mientras que en el INTI la situación es aún más pronunciada, con caídas en la ejecución de sus recursos y un recorte real acumulado que roza el 49% en el mismo lapso.
Universidades nacionales
El proyecto de ley presentado por la administración de Javier Milei destina 7,34 billones de pesos a las universidades nacionales, una cifra muy alejada de los más de 11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todo el país.
Más allá del recorte económico, el Capítulo II del proyecto del presupuesto del Gobierno introduce una polémica cláusula que exige a las universidades detallar la finalidad de sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano y faculta al Poder Ejecutivo a interrumpir las transferencias de fondos si no cumplen.
Los rectores advierten sobre la vulneración del principio de la autonomía universitaria, y consideran que la propuesta de 11 billones es insuficiente.
Además, reclaman por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario que está vigente y anticipan una fuerte conflictividad.