La Ley de Presupuesto para 2026 aprobada por el Congreso incorporó, finalmente, el discutido artículo 30: es el que, entre otras cosas, deroga el artículo 9 de la Ley 26.206, que establece que “el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional”. Ese financiamiento, aclara, no podrá ser inferior al 6% del PBI.
En el caso específico de las universidades –y según quedó aprobado en el Congreso– la inversión será todavía más reducida durante 2026: del 0,47% del PBI, la más baja registrada en décadas.
El porcentaje del PBI que el Gobierno invirtió en Educación Superior este año fue el menor desde 2005: del 0,49%, contra un pico del 0,87% en 2017 y un valor exactamente igual al de hace veinte años. “En 2024, el 88% de los fondos se destinó a salarios de docentes, personal no docente y demás trabajadores; el resto se destinó a actividades de extensión, investigación y funcionamiento de hospitales universitarios”, explicó en un estudio la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Gran parte de esta reducción presupuestaria se vio reflejada en los salarios. Desde el inicio de la actual gestión, para el primer semestre de 2025, perdieron cerca del 30% de su poder adquisitivo. “Más del doble que la media del sector público y 50 veces mayor que el rezago del sector privado registrado”, resaltaron.
“El congelamiento salarial precariza unos ingresos que de por sí ya son bajos”, comentó Pablo Monk, docente universitario, en diálogo con este medio. “Obligó a muchos a abandonar la vida universitaria nacional para poder seguir desarrollando sus carreras en el extranjero”. La caída presupuestaria también se reflejó en la reducción de becas de estudio y compra de insumos, y el mantenimiento de la infraestructura, agregó. “Condena a nuestro alumnado a cursadas irregulares y precarizadas”.
El financiamiento de las universidades nacionales proviene en un 90% de las transferencias del gobierno nacional. “A diferencia de la educación obligatoria, donde algunas responsabilidades fueron asumidas por las provincias (por ejemplo, construcción de jardines o refuerzo salarial docente), en las universidades el gobierno nacional es el único responsable de su financiamiento, sin posibilidad de reemplazo por otros niveles de gobierno”, explicitaron desde la UBA.
Además del pago de salarios, el resto del financiamiento se destina a “actividades de extensión, investigación y funcionamiento de hospitales universitarios”. Por lo tanto, concluyeron, el deterioro presupuestario afecta directamente la docencia y la investigación, “erosionando los incentivos para mantener un desempeño académico de calidad”.
Para 2026, si la inflación es del 10,1% –como estima el gobierno en el Presupuesto– los recursos destinados a la educación superior crecerán un 0,8% respecto a 2024. Aun cumpliéndose esas proyecciones, no alcanzaría a compensar la caída respecto a 2023.
Recortes generalizados
De acuerdo con las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos oficiales, el presupuesto destinado a Educación y Cultura caerá, para 2026, un 47,3% respecto a lo ejecutado en 2023, mientras que las becas y transferencias para estudiantes acumulan un recorte real del 76,6% y los recursos para ciencia y tecnología caerán en términos reales un 48,8%. En el caso específico de las universidades, este retroceso es del 33,8%.
Las escuelas técnicas serán otras de las grandes perjudicadas con el Presupuesto aprobado en el Congreso. La norma deroga el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, y por lo tanto elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, financiado con un monto anual que no puede ser inferior al 0,2% del PBI. En estas instituciones, los recursos caerán en 2026 un 93% en términos reales respecto a lo ejecutado en 2023.
En términos generales, señala CEPA, en el área de Educación y Cultura la disminución entre 2023 y 2026 será del 47,3%.
La ciencia y la tecnología también están desfinanciadas: el presupuesto caerá un 48,8% respecto al inicio de la gestión. La Ley para 2026 consolida la tendencia: elimina los artículos 5,6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que entre toras cosas prevé un aumento progresivo del presupuesto hasta alcanzar, para 2032, un total de recursos equivalentes al 1% del PBI. También garantizaban que la asignación de fondos no podría ser, bajo ninguna circunstancia, inferior al presupuesto del año anterior.