El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) cumple un año de su implementación con un impacto acotado, ya que sólo fueron aprobados 7 proyectos y apenas se generaron 1.000 empleos directos.
Un informe elaborado por el Observatorio del RIGI, integrado por organizaciones sociales, institutos de investigación y académicos, sostuvo que a un año de la aprobación del régimen, el 23 de agosto del 2024, “los resultados distan de las promesas iniciales”.
Al respecto, señaló que “la anunciada ‘avalancha de capitales’ aún no llegó, mientras que el régimen ya consolida beneficios extraordinarios para un puñado de grandes inversores”, asegurando que el flujo de inversiones “ha sido acotado en un contexto atravesado por incertidumbres tanto nacionales como internacionales”.
En este sentido, precisó que se han presentado 19 solicitudes de adhesión al RIGI, de las cuales 7 fueron aprobadas y 1 rechazada, lo que representa una inversión total de 13.067 millones de dólares y prevé apenas poco más de mil empleos directos.
Desde el Observatorio consideraron que es “una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen”. Transcurridos 12 meses de su puesta en marcha, un total de 15 provincias suscribieron formalmente la normativa específica del RIGI.
Las propuestas de adhesión comprenden 10 del sector minero (5 de litio, 3 de cobre y 2 de oro), 3 de energías renovables (2 parques eólicos y 1 fotovoltaico), 3 de infraestructura hidrocarburífera, 1 siderúrgico, 1 de biocombustibles y 1 de infraestructura portuaria.
El estudio detalló que “la inversión comprometida por los proyectos presentados ascendería a más de 30.760 millones de dólares” y puntualizó que “las inversiones de mayor volumen de divisas se concentran en actividades primario extractivas, en especial en proyectos para expandir las exportaciones de Vaca Muerta y de la minería”.
En cuanto al sector minero, que concentra la mayor cantidad de proyectos, aportó que alcanzan “una inversión estimada de 19.312 millones de dólares”, con cinco de los proyectos vinculados al sector del litio, localizados en Salta y Catamarca.
Los siete proyectos aprobados actualmente, que representan una inversión total de 13.067 millones de dólares, se distribuyen en hidrocarburos (2), minería (2), energía renovable (2) y siderurgia (1). El reporte reveló que “el sector hidrocarburífero concentra los montos de inversión más elevados en 3 proyectos por 9.790 millones de dólares”.
En este marco, el Observatorio analizó que “en la búsqueda para salir de la crisis externa inminente, el gobierno apuesta a inversiones y exportaciones de hidrocarburos, profundizando el mandato exportador”, advirtiendo que “en esto no repara en los potenciales daños ambientales, laborales o sociales que produzca, así como tampoco las concesiones institucionales que deba hacer”.
Sobre este aspecto, consideró que “el RIGI es la expresión más clara de este rumbo”, indicando que al ser aprobado bajo la excusa de promover inversiones “consolida un modelo extractivo que no opera en soledad” y remarcó que “YPF emerge como su verdadero motor: participa activamente en 3 de los 7 proyectos aprobados, dos de ellos directamente vinculados a Vaca Muerta”.
El Observatorio del RIGI está conformado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG/UNSAM), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Transnational Institute (TNI).