Luego de que la semana pasada importantes funcionarios del Gobierno defendieran la iniciativa en un plenario de comisiones, el Súper RIGI ingresa en su etapa final en el Senado antes de la firma del dictamen y su tratamiento en el recinto.
Este miércoles a las 16 en el Salón Azul de la Cámara alta se reanudará el cuarto intermedio con la última reunión informativa del plenario de Presupuesto y Hacienda (presidida por Agustín Monteverde), de Economía Nacional e Inversión (Martín Goerling Lara) y de Legislación General (Nadia Márquez).
La semana pasada, ya habían expuesto el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y el responsable de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli, quienes defendieron el proyecto ante las preguntas de los distintos bloques políticos.
Durante la reunión se explicaron las diferencias entre el RIGI original incluido en la Ley Bases del 2024 -enfocado en infraestructura y recursos naturales, con pisos más bajos de inversión y posibilidad de aplicar en proyectos ya existentes- y este nuevo «Súper RIGI», un instrumento diseñado por el Ministerio de Economía para captar mega inversiones en nuevas industrias de frontera tecnológica, como energías renovables, biotecnología e inteligencia artificial.
Comprende abundantes exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.
Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.
A estas industrias se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.
A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Súper RIGI tiene un plazo más largo de 5 años y uno extra de prórroga.
Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI, que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, y además excluye a proyectos preexistentes ampliables.
González Casartelli calificó al Súper RIGI como un «programa más completo para el momento de Argentina» que busca generar condiciones para proyectos estratégicos que «todavía no están en el mapa».
Lavigne, por su parte, explicó que el foco de esta ampliación es la «industrialización de los recursos naturales» y argumentó que la iniciativa sirve para que el país ingrese a sectores de vanguardia tecnológica en los que no podría competir sin estos incentivos.
En el intercambio verbal, los senadores de la oposición advirtieron sobre el impacto que tendría este paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para mega empresas en la industria local y la soberanía regulatoria.
El senador Jorge Capitanich (Justicialista) apuntó sus críticas hacia la falta de precisión de las «nuevas actividades económicas» amparadas por el régimen de Súper RIGI.
El ex gobernador de Chaco y ex jefe de Gabinete cuestionó que el beneficio alcance a proyectos de inversión multimillonarios que todavía «no han sido identificados» de manera explícita en el texto de la ley.
El punto que concentró las mayores dudas de los senadores dialoguistas (UCR y bloques provinciales) fue la flexibilización de la cláusula de «Compre nacional», ya que el proyecto del Súper RIGI elimina la obligatoriedad estricta de destinar un 20% de las compras a proveedores locales.
En efecto, el texto aprobado en Diputados incluyó cambios a sugerencia del bloque MID, pero se estableció que solo se podrá exigir la contratación de firmas locales cuando estas ofrezcan condiciones de precio y calidad equivalentes a las del mercado internacional.
En Diputados, la iniciativa recibió media sanción el 24 de junio pasado con 130 votos afirmativos, 106 rechazos y siete abstenciones.
Detalles del proyecto
El régimen de Súper RIGI propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.
Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.
Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y supresión de restricciones y cupos para operar.
En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.
Además de la cláusula (flexible) de Compre Nacional, el proyecto incorpora un mecanismo de incentivo indirecto a la Investigación y Desarrollo (I+D): aquellas empresas que inviertan en ese rubro o en el sistema de becas locales (como las becas Manuel Belgrano) para promover la transferencia tecnológica, podrán computar esos desembolsos al doble de su valor real para alcanzar el mínimo exigido por la ley.
Oposición a la iniciativa
Un grupo de docentes, investigadores y miembros de universidades nacionales y organismos científicos de todo el país envió una carta abierta dirigida a los senadores la que expresa su preocupación por los alcances del Súper RIGI.
Los firmantes sostienen que la iniciativa establecería un régimen de inversiones con beneficios fiscales, estabilidad regulatoria por varias décadas y un esquema de protección jurídica excepcional para grandes corporaciones tecnológicas internacionales, sin exigir como contraprestación la generación de empleo local, la transferencia de tecnología o compromisos concretos con el desarrollo nacional.
Según la carta, el proyecto representa “la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera”.
La misiva hace un llamado para que se evalúe el proyecto considerando sus efectos de largo plazo sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad del país para definir su modelo de desarrollo, y concluye que la Argentina necesita atraer inversiones y desarrollar nuevas tecnologías, pero sin una renuncia permanente a las herramientas regulatorias ni comprometer las posibilidades de decisión de las futuras generaciones.