La tensión entre la Caja Popular de Ahorros (CPA) y el Tribunal de Cuentas (TC) volvió a quedar en evidencia con una denuncia penal presentada por el titular del ente crediticio estatal, José Díaz, en contra de las autoridades del órgano de control. En paralelo, el TC citó al subinterventor de la Caja, Darío Amatti, a comparecer ante el Tribunal.
La denuncia presentada en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana endilga a funcionarios del TC la presunta comisión de los delitos de falsificación ideológica, de documentos públicos, de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El escrito menciona a Miguel Chaibén Terraf, presidente del TC; al vocal Sergio Díaz Ricci; y a los funcionarios Raúl Urueña, Corina Juárez Peñalva, Alejandro Salas Oroño, Patricio J. Bonilla y Ramiro González Navarro.
En la denuncia, Díaz asevera que desde junio de 2018 ha sido víctima de “constante acoso, producto de la conducta abusiva de las autoridades a cargo del Tribunal de Cuentas”.
Según relató, el conflicto comenzó cuando denunció a Esteban González -afirma que es yerno de Terraf-, por supuestas irregularidades durante su gestión como asesor de la Caja. Esa denuncia por presunta malversación de fondos públicos y asociación ilícita está en la Fiscalía de Homicidios y Delitos Complejos.
Díaz señala que “la participación de algunos trabajadores de la CPA y de un asesor de la CPA en la concreción de actividades, en apariencia ilegales, fue corroborada por testimonios y peritajes caligráficos, lo que llevó a un sumario administrativo y a la notificación a la Fiscalía”. Además, Díaz indica que la respuesta del Tribunal de Cuentas fue “cambiar a quienes integraban la delegación fiscal por ante la CPA”, iniciando una “conducta abusiva” de las facultades. Diaz sugiere que los nuevos delegados fiscales, Horacio Heredia y Silvia Ruggeri, actuaron de manera abusiva, motivando acciones legales en su contra.
La denuncia también cuestiona la auditoría iniciada por el TC, argumentando que los auditores designados, incluyendo al presidente Terraf, estaban “dentro de las causales de recusación” debido a conflictos de interés. Según esa auditoría, el ente crediticio mantiene una deuda con el Siprosa por unos $3.000 millones por la falta de envío de fondos entre 2020 y 2023.
Díaz advirtió que la auditoría “excedía la competencia del Tribunal, afectando derechos de terceros”. Y subraya que Terraf debió excusarse de cualquier actuación administrativa relacionada con la Caja. A su vez, el interventor de la CPA enumeró una serie de “maniobras” por parte del TC que tendrían como fin entorpecer y paralizar la gestión del organismo crediticio. Además, remarcó que tras ser multado dos veces con $50.000 cada una por el TC, Díaz recurrió a la Justicia para impugnar las sanciones que considera infundadas y violatorias.
Para Díaz, este caso evidencia un patrón de abuso de autoridad y cuestiona la imparcialidad del Tribunal de Cuentas, destacando una grave falta de transparencia y justicia en sus procedimientos. “No existe ninguna deuda en favor del Siprosa y menos aún la comisión de una conducta irregular de mi parte en ejercicio de mi función”, concluyó Díaz.
Para ayer, el subinterventor de la CPA había sido citado por el Tribunal de Cuentas para “ratificar” sus críticas, en las que había dicho que la auditoría “demuestra la animosidad, parcialidad e ignorancia del TC, esta vez en la interpretación de la ley que establece la forma en que parte de los fondos provenientes del juego deben ser destinados al Siprosa”. Amatti no acudió y fue convocado nuevamente para el lunes 24. /La Gaceta