El Gobierno deberá enhebrar acuerdos con los bloques opositores si quiere sancionar en las sesiones extraordinarias la reforma electoral para eliminar las PASO y los proyectos para combatir el crimen organizado de ley Antimafia y de reincidencia de los delitos.
El viernes a última hora la Casa Rosada anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 20 de enero y el 21 de febrero, en un temario que incluye «Ley Antimafias», modificación del Código Procesar Penal a fin de regular el «Juicio en ausencia», Ficha Limpia y la consideración de pliegos que requieran acuerdo Senado, entre otros puntos.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado la semana última la vocación del Poder Ejecutivo para convocar a sesionar en el verano, poniendo como eje central la eliminación de las Paso.
Además de la reforma electoral, el Gobierno quiere tratar una nueva propuesta sobre Ficha Limpia, y un paquete de proyectos sobre seguridad que contempla la ley antimafia que fue aprobada por diputados y tiene dictamen favorable de las comisiones del Senado, una iniciativa que busca terminar con la puerta giratoria de los delincuentes con una reforma del Código Penal, y Juicio en Ausencia.
De todos modos, el principal objetivo es tratar la eliminación de las elecciones primarias para definir los cambios para que se pueda aplicar en las elecciones de renovación parlamentaria prevista para octubre.
Francos indicó que las elecciones primarias «en el orden nacional deben estar costando 150 millones de dólares y eso es un gasto ridículo, un mal uso de los fondos del Estado y eso hay que cambiarlo».
Pero para poder aprobar esta iniciativa que necesita una mayoría especial en el Congreso ya que se aprueba con 129 votos en diputados y 37 en el Senado, el oficialismo debe enhebrar acuerdos con el PRO, UCR, bloques provinciales, y con Unión por la Patria.
El Gobierno cuenta con 39 diputados y cuenta a favor para su proyecto el respaldo de los 8 legisladores de Innovación Federal, 3 de Independencia, 2 de Producción y Trabajo, 3 del MID, una de Creo, y con Lourdes Arrieta, con lo cual ya tiene asegurados 55 votos, con lo cual necesitará al menos otros 74 votos.
El PRO es partidario en una primera etapa de suspender las elecciones primarias para el 2025, y esa postura podrían acompañarla el grueso de los legisladores de UP que responden a sus gobernadores, y eso le permitiría alcanzar los 129 votos para sancionar esa iniciativa electoral.
De hecho, el PRO impulsa la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la Ciudad, en el marco de su iniciativa de desdoblar los comicios de los nacionales.
La UCR y Democracia para Siempre no son partidarios de suspender ni eliminar las PASO, ni tampoco quieren cambiar las reglas de juego para la elección de octubre la Coalición Cívica.
En cambio, en Encuentro Federal las posiciones están divididos mientras que los cordobeses son más partidarios de suspender las primarias, los diputados bonaerenses como Miguel Pichetto, Nicolas Massot, Emilio Monzó, y Florencio Randazzo quieren mantenerlas.
Por eso serán claves las negociaciones que pueda encarar el oficialismo en los próximos días para poder tener aprobada esa ley en la Cámara de Diputados antes de fines de febrero y en marzo en el Senado.
Para derribar la instancia de las primarias obligatorias en el calendario electoral, el oficialismo debe aprobar una ley en ambas cámaras antes del 5 de mayo del año próximo. Esto es así porque de acuerdo a la norma vigente, el presidente Javier Milei tiene un plazo máximo para convocar a las PASO 90 días antes de su realización.
Si la ley no resultase reformada antes de esa fecha, la convocatoria a las PASO será deberá hacer de acuerdo como está contemplado en el actual calendario electoral.
El oficialismo también quiere debatir un nuevo proyecto de ficha limpia, luego del fracaso del tratamiento del dictamen impulsado por el PRO y otras fuerzas políticas que establece que no podrá ser candidato ningún dirigente con condenada por corrupción, y cuyo fallo fue ratificado por la Cámara de Casación.
Otro tema clave para el Gobierno es la ley antimafia que ya fue sancionada por la Cámara de Diputados y ya tiene dictamen favorable en el Senado, ya que le permitirá tener una herramienta para combatir el delito organizado.
Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.
Una de las modificaciones es que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.
En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
Otro de los proyectos que quiere aprobar el oficialismo es la reforma del Código Procesal Penal sobre Reincidencia para evitar la puerta giratoria de los delincuentes, cuando ya tienen otros procesos por otros delitos.
Esa propuesta tiene dictamen de comisión y no se pudo debatir porque estaba incluido en la misma sesión convocada para debatir el proyecto de Ficha Limpia, que no tuvo quórum porque no asistieron legisladores libertarios ni bloques que acompañan al oficialismo
El despacho establece que .si alguien está procesado y se comete un nuevo delito, se proceda a la detención, al modificarse el concepto de reincidencia por reiterancia para terminar con la denominada «puerta giratoria».
Esta iniciativa modifica el artículo 17 del Código Procesal y, en ese sentido, establece que «las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga, de obstaculización de la investigación o de reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada».