El Ministerio de Economía dispuso la emisión y ampliación de una batería de letras y un bono del Tesoro por montos que, en algunos casos, alcanzan hasta cinco billones de pesos y US$3.500 millones, según la Resolución Conjunta 6/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial.
La norma, firmada por las secretarías de Finanzas y de Hacienda, enmarca las operaciones en las leyes de Administración Financiera y de Presupuesto 2026, y habilita una licitación por efectivo realizada el 28 de enero último.
Se emite una Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de marzo, por hasta VNO $5 billones, con tasa efectiva mensual a definirse en la licitación, amortización íntegra al vencimiento y mínima de $1.
También se crea una Letra capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de julio, por hasta VNO $5 billones, bajo condiciones similares de colocación, negociación en mercados locales y exenciones impositivas vigentes.
Además, se emite una Letra en pesos ajustada por CER a descuento, con vencimiento el 31 de julio, por hasta VNO $5,2 billones, cuyo capital se actualizará por el coeficiente CER y tendrá precio de emisión determinado en la licitación.
El Gobierno amplía, a la vez, la Letra vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de abril, por hasta VNO USD 3.500 millones, así como la Letra en pesos a tasa TAMAR que caduca el 31 de agosto, por hasta VNO $4,7 billones.
También se amplían las Letras capitalizables en pesos y las ajustadas por CER con vencimiento el 30 de noviembre, cada una por hasta VNO $5 billones y VNO $5,2 billones, respectivamente, en el marco del programa financiero de 2026.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la resolución afecta además al “Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 15 de enero de 2027”, cuyo monto emitido y no colocado, por VNO $614.788 millones, se imputa a las autorizaciones del artículo 44 del Presupuesto.
Ese mismo bono será ampliado por hasta VNO $3,6 billones, a colocarse mediante licitación y bajo las normas de procedimiento vigentes, mientras se faculta a distintos organismos de la Oficina Nacional de Crédito Público a instrumentar las operaciones previstas.