La Secretaría de Comercio continúa avanzando con los acuerdos de precios para productos de consumo masivo, además de calzado, indumentaria, línea blanca, motos, electrodomésticos y celulares, y recordó que las empresas que no renuevan quedan afuera del programa Ahora 12, tal como lo estableció la resolución 1041/2023.
A través de la misma, Comercio prorrogó la vigencia del programa Ahora 12 hasta el 31 de enero de 2024 sólo para aquellas empresas que se encuentren suscriptas en los convenios del programa Precios Justos, aunque exceptúa de este requisito a las micro, pequeñas y medianas (mipymes).
“Podrán ser adquiridos mediante el financiamiento previsto, los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el país, provistos por quienes hayan suscripto los convenios respectivos en el marco del programa Precios Justos”, precisó la resolución emitida el 30 de junio último.
Desde la Secretaría de Comercio informaron a Télam que “tal como se hizo en acuerdos anteriores sobre todo en calzado, indumentaria y electrodomésticos, la disposición es que para que puedan operar con Ahora 12 las empresas deben suscribir acuerdos de Precios Justos”.
“Estamos en etapa de renovación de esos acuerdos, las empresas que van firmando, acceden a ese programa”, afirmaron las fuentes.
Comercio informó a fines de agosto que «más de 340 empresas» ya renovaron el compromiso de adhesión al programa Precios Justos, que incluye los rubros de consumo masivo, insumos difundidos, combustibles, medicamentos, calzado,
La renovación al programa se suma al acuerdo con representantes de las principales empresas de consumo masivo y supermercados, para fijar un tope de aumento del 5% mensual por 90 días para más de 52.300 productos.
Participaron del acuerdo las principales empresas de consumo masivo y 31 cadenas de supermercados minoristas y mayoristas, entre las que se encuentran Día, Carrefour, Coto, Chango Más, Makro, Vital y Maxiconsumo, entre otros.
Las empresas que ingresan al acuerdo y cumplen con el tope del 5% establecido reciben beneficios impositivos y fiscales, a los que se suma un programa de crédito a tasa subsidiada para las pymes proveedoras de supermercados.
De esta manera, el Estado resigna recaudación para evitar que el incremento de los costos, producto de la devaluación de 22,5% del dólar oficial, se traslade a los precios de alimentos, bebidas y productos de limpieza y perfumería.