Las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) duraron más de 100 días y se extendieron mucho más de lo esperado. La discusión trajo aparejada una fuerte incertidumbre y finalmente se cerró hasta noviembre, pero dejó un marco de referencia para lo que viene. El organismo, que habilitó el desembolso de US$7500 millones, plasmó el pedido de avanzar en un ajuste fiscal más estricto, alertó sobre el escenario electoral y dejó sus primeras advertencias para el próximo gobierno.
En primer lugar, el Fondo dejó en claro que, de acuerdo a su perspectiva, la dinámica electoral hizo crecer la incertidumbre. “Los desvíos en las políticas reflejaron restricciones y consideraciones electorales, incluido el hecho de que el ministro de Economía, Sergio Massa, también es candidato presidencial, y las incertidumbres políticas se sumaron a las tensiones más recientemente”, detalló el FMI en el staff report que se conoció este viernes por la noche.
En el documento técnico, el ente multilateral de crédito reconoció que la Argentina incumplió ampliamente con las metas troncales pautadas y otorgó dos waivers o dispensas por esos desvíos.
Además, el FMI prevé que el PBI tenga en 2023 una caída del 2,5% y que la inflación para este año sea del 120%, el doble de la proyección original que el Gobierno oficializó en el Presupuesto. En tanto, la meta de reservas netas tiene previsto un aumento de “alrededor de US$8000 millones entre agosto y diciembre”.
Más ajuste al gasto
En cuanto a la pauta fiscal, si bien se mantuvo en 1,9% del déficit primario, el requerimiento es mucho más estricto, ya que prevé una reducción del 11% para los próximos cuatro meses del año, algo que resulta sumamente llamativo para un año electoral.
En relación con este punto, el FMI explicó que si bien el gasto público se contrajo 6% en términos reales en el primer semestre del año, el gasto de capital aumentó un 24% para “asegurar la terminación del gasoducto”, a la vez que también se incrementó un 7% la masa salarial pública.
Por eso, de cara a lo que viene, enfatizó el pedido de subir las tarifas energéticas. “Si bien en julio se emitió una resolución que elevaba las tarifas eléctricas, aún se requieren mayores esfuerzos para alinear los aranceles con los mayores costos de producción (tras la devaluación del tipo de cambio) para lograr la recuperación de costos y cumplir las metas de reducción de subsidios energéticos (0,5% del PIB en 2023)”, indicó el organismo.
Y expresó que el Gobierno se comprometió a ajustar los precios de la electricidad a partir del 1 de septiembre para usuarios residenciales de ingresos medios y bajos, y comercios más pequeños. También aplicará para los usuarios residenciales y comerciales de mayores ingresos. Además, se acordó alinear los precios de gas “con cambios en los costos de producción durante el resto del año” y volver a revisar el contexto energético en la próxima revisión.
En cuanto a las jubilaciones, el FMI explicó que el gasto evolucionará de acuerdo con la fórmula de indexación y sobre la asistencia social, puntualizó en “proteger a los más vulnerables de los efectos del alza del tipo de cambio”, aunque se enfocará en programas emblemáticos, como la Asignación Familiar por Hijo (AUH) y el programa de apoyo alimentario (Tarjeta Alimentar).
“Las auditorías en curso deberían apoyar mejoras en la calidad y la focalización de la asistencia social, y especialmente para fortalecer la focalización, eficiencia y gobernanza del programa de asistencia social (Potenciar Trabajo)”, señaló el informe.
Otro de los puntos fundamentales del reporte tiene que ver con la inflación. De acuerdo al organismo, el FMI espera un salto en el nivel de precios del 10% en agosto, que luego caería a menos del 5% para finales de 2023. Sin embargo, advirtió, “estas dinámicas, que están sujetas a incertidumbres inusuales dada la alta inflación no anclada”.
Por otra parte, también evaluó como esencial redoblar los esfuerzos para “racionalizar el complejo sistema cambiario y reducir la dependencia de medidas administrativas cambiarias (bajo el sistema SIRA/SIRASE) para mejorar los recursos de asignación y evitar el uso excesivo de la discreción (y posibles abusos) en la asignación de licencias de importación no automáticas”.
En relación con el cepo cambiario, el FMI respaldó la estrategia de terminar con los controles el año que viene. “Las autoridades esperan que la implementación comience en 2024 condicionada a un fortalecimiento de la inversión externa, reservas y reducción de los desequilibrios macroeconómicos subyacentes”, puntualizó.
Preocupación por las elecciones y advertencias al próximo gobierno
A diferencia de otros informes, en esta ocasión, el informe hizo referencia a las elecciones presidenciales como un factor que encendió la tensión política, pero también económica. Por eso, el Fondo dejó entrever su preocupación sobre el impacto de la incertidumbre electoral e incluso hizo algunas advertencias para el gobierno que viene.
“Más allá de este año, será necesario un enfoque más ambicioso para abordar los desequilibrios macroeconómicos y poner a la Argentina en una senda de crecimiento más sostenible”, sostuvo el organismo. E insistió: “Resolver los desafíos profundamente arraigados probablemente llevará muchos años y requerirá acciones políticas firmes por parte de futuras administraciones”.
“Para hacer frente a la alta inflación y mejorar la sostenibilidad externa y fiscal se requiere, ante todo, acelerar los esfuerzos de consolidación fiscal que también protejan las medidas prioritarias de gasto social y de infraestructura”, continuó. Y puntualizó en la necesidad de corregir los precios relativos y flexibilizar gradualmente “las medidas de gestión de los flujos de capital a medida que se abordan los desequilibrios y mejora la cobertura de las reservas. También se requieren reformas por el lado de la oferta para impulsar el potencial exportador de Argentina y mejorar su viabilidad externa”.