El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy las primeras medidas en la causa contra el expresidente Alberto Fernández por la contratación de seguros desde ANSES y el Ministerio de Seguridad y donde se habrían pagado millonarias comisiones a distintos brokers.
Se trata de las medidas solicitadas por el fiscal federal Ramiro González y en las que fue imputado el expresidente junto al ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano por malversación de fondos públicos.
Ercolini pidió que en un plazo de 24 horas la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación sobre el decreto 823/2021 que dio inicio a los seguros que junto a los prestamos que daba ANSES a jubilados y pensionados se otorgaban.
También se daba la intervención de brokers con la contratación de seguros por parte del Ministerio de Seguridad a las fuerzas de seguridad.
El juez también pidió informes a Nación Seguros sobre la totalidad de las contrataciones de seguros o convencidos entre el Estado Nacional y las jurisdicciones, y aquellos en los que se ha dado intervención a otras entidades autorizadas.
El pedido es para conocer el listado de coaseguradoras o reasegurados, los productos asesores de seguros o brokers, y a la Superintendencia de Seguros de la Nación que remita copia de la totalidad de los informes de auditoría relacionados con lo dispuesto por el Decreto N° 823 /2021.
Asimismo, también de los movimientos migratorios del expresidente y demás imputados, entre ellos el broker Héctor Martínez Sosa.
El escrito describe, sobre la base de una investigación periodística, la supuesta “trama de contrataciones opacas con el rubro seguro, actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política”.
“Dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”, sostiene la denuncia.
“Nación Seguros subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales”, abundó.
La denuncia apunta a que el “intermediario” era Pablo Torres García, “un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero”.