Un escándalo judicial sacude a la Justicia Federal de Tucumán tras una denuncia por presunto tráfico de influencias y venta de sentencias, en la que se vincula a un allegado del camarista Mario Leal. La presentación, respaldada con grabaciones, chats y fotografías, involucra a funcionarios judiciales y a personas de su círculo cercano.
El caso salió a la luz el 29 de abril de 2025, cuando Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de ARCA Tucumán, se presentó en la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal subrogante Agustín Chit.
Según su relato, Luis Alejandro Ontiveros, a quien identificó como “sobrino” del camarista Leal, le habría ofrecido un fallo favorable para su hijo, procesado en una causa por lavado de activos y asociación ilícita en Catamarca, a cambio de una coima. En esas gestiones también mencionó a Solana Esther Casella, pareja de Ontiveros, relatora de Leal y candidata a jueza federal, como supuesta redactora de la resolución.
Martínez aseguró que el primer ofrecimiento fue en 2023, en un bar de San Miguel de Tucumán, cuando Ontiveros le habría pedido U$S 100.000 para sobreseer a su hijo. Dos años después, en abril de 2025, las conversaciones se retomaron y se grabó un nuevo encuentro en Yerba Buena, donde Ontiveros habría rebajado la suma a U$S 80.000. El denunciante aportó pruebas: capturas de pantalla, videos y un audio obtenido con micrófono oculto.
El fiscal Chit determinó que Ontiveros utilizaba un vehículo oficial de la Corte Suprema asignado al camarista Leal y corroboró un vínculo personal entre ambos. También acreditó que Ontiveros usaba la billetera virtual del juez para realizar pagos, que Casella era relatora en su vocalía y que otro hermano del acusado trabajaba en el Poder Judicial.
Con esas evidencias, el juez federal subrogante José Manuel Díaz Vélez autorizó la intervención de comunicaciones y el secuestro del celular de Ontiveros, operativo realizado el 4 de junio. Posteriormente, el 11 de agosto, reconoció a Martínez Salazar Pérez como querellante y rechazó nulidades planteadas por la defensa.
El 20 de agosto, peritos del ECIF extrajeron datos del teléfono secuestrado para analizarlos en busca de mensajes y pruebas vinculadas a la denuncia. El resultado de esa pericia será clave para definir si Ontiveros es citado a indagatoria.
Ontiveros negó todas las acusaciones y habló de un “montaje para ensuciar” a su pareja, Solana Casella, quien aspira a convertirse en la primera jueza federal electoral de Tucumán. Además, presentó una contradenuncia por falso testimonio contra Martínez Salazar Pérez, a quien acusó de buscar la nulidad de la causa que enfrenta su hijo.
Su abogado, Camilo Atim, cuestionó la investigación y afirmó que la denuncia es “falsa y guionada”. Argumentó que la sentencia que supuestamente se ofreció salió por unanimidad de los cinco camaristas, por lo que —dijo— “es absurdo pensar que un relator pueda alterar la decisión de un tribunal colegiado”. También subrayó que Casella estuvo de licencia por maternidad durante el proceso mencionado y nunca fue relatora de esa causa.
Respecto al audio presentado como prueba, la defensa aseguró que un informe de Gendarmería lo catalogó como “inaudible” y que no existe un solo mensaje o grabación que confirme un pedido de dinero.
Pese a las desmentidas, la denuncia continúa en trámite y mantiene en tensión a la Justicia Federal tucumana. El fiscal Chit deberá resolver, a partir del análisis del material extraído del celular, si imputa formalmente a Ontiveros por tráfico de influencias.
Mientras tanto, el caso genera repercusiones políticas y judiciales, ya que podría afectar no solo a la postulación de Casella como jueza federal, sino también al prestigio de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, señalada en el expediente como epicentro de un presunto entramado de corrupción.
Fuente: Contexto