Estados Unidos incautó este miércoles un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en lo que constituye una nueva y significativa escalada en la campaña de presión del presidente Donald Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El propio mandatario anunció la operación desde la Casa Blanca, antes de un evento sobre un nuevo programa de visas: “Hemos incautado un petrolero en la costa de Venezuela. Barco grande, muy grande”, dijo, agregando que “otras cosas están ocurriendo”.
La operación —realizada por la FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera, con apoyo del Pentágono— fue presentada por la fiscal general Pam Bondi como parte de un esfuerzo para desarticular redes ilícitas de transporte de petróleo. Bondi afirmó que el buque movía crudo de Venezuela e Irán y que “estaba sancionado por Estados Unidos por su participación en una red ilícita de envío de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.
Un video difundido por Bondi mostró a fuerzas estadounidenses descendiendo en rapel desde un helicóptero sobre la nave. Funcionarios del Gobierno indicaron que no hubo resistencia ni víctimas, identificaron al barco como Skipper y confirmaron que transportaba petróleo de PDVSA. Añadieron que la embarcación había estado previamente vinculada al contrabando de crudo iraní y navegaba bajo un pabellón que no coincidía con su registro, con destino final en Asia.
La incautación respondió a una orden judicial emitida dos semanas antes, vinculada a las actividades previas del barco en el mercado clandestino de petróleo iraní. Sin embargo, no está claro si la orden contemplaba la confiscación del buque, de la carga o de ambos, y tampoco quién será el propietario final del petróleo retenido. Cuando se le preguntó qué sucedería con el crudo, Trump respondió: “Lo mantenemos, supongo”, y añadió: “Fue incautado por una muy buena razón”.
La operación se inscribe en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en el Caribe. En los últimos meses, el Gobierno de Trump desplegó más de 15.000 efectivos y una docena de barcos, incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford, como parte de acciones que la administración justifica bajo la premisa de un “conflicto armado” contra carteles narcotraficantes. Desde septiembre, Estados Unidos ha realizado más de 22 ataques contra embarcaciones en la región, que han causado más de 80 muertes, en operaciones cuyo sustento legal ha sido cuestionado por expertos que advierten posibles violaciones al derecho internacional.
Paralelamente, la administración lleva adelante investigaciones internas sobre ataques previos, incluido un polémico “doble golpe” ejecutado el 2 de septiembre. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la maniobra apelando a la “niebla de la guerra”. Legisladores demócratas y republicanos han iniciado investigaciones sobre la legalidad de este tipo de operaciones.
Para Venezuela, extremadamente dependiente de sus exportaciones de crudo, la incautación de un petrolero representa un golpe potencialmente significativo a una economía ya debilitada por sanciones, corrupción y caída de la producción. Desde que Estados Unidos dejó de ser su principal comprador, China absorbe aproximadamente el 80% de las exportaciones venezolanas, mientras montos menores se destinan a refinerías del Golfo de EE.UU. y a Cuba.
Maduro, por su parte, acusó a Washington de intentar fabricar una guerra en su contra. Tras conocerse la incautación, evitó referirse directamente al episodio, pero sí habló de las tensiones con EE.UU. ante productores agrícolas: “No es tiempo de cobardes. Es tiempo de combate”. Trump, que recientemente declaró que los “días de Maduro están contados”, ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su arresto.
La operación coincidió con la ceremonia en Oslo donde se otorgó formalmente el Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre y afirmó que su madre está decidida a vivir en una Venezuela libre y que “nunca se rendirá”.