En la localidad de Las Cejas, departamento Cruz Alta, tres ex empleados comunales denunciaron un presunto esquema de retención de haberes y cobros indebidos que involucra directamente a la comisionada comunal, Cristina Mabel Contreras.
Los testimonios aseguran que la funcionaria retenía las tarjetas de cobro de los trabajadores y se quedaba con hasta el 70% de sus ingresos, situación que los vecinos comparan con el caso “Chocolate”, el escándalo que sacudió a la Legislatura bonaerense en 2023.
Mónica Risso, de 53 años, aseguró que durante años cobró apenas una fracción de su sueldo. “Mi salario era de casi $ 15.000, pero me entregaban $ 3.000. Las tarjetas quedaban en poder de la comisionada, que retiraba el dinero en el banco y nos pagaba en su casa”, señaló.
La mujer denunció además represalias cuando reclamó el pago de su aguinaldo: su contrato y el de varios familiares fueron dados de baja, lo que la obligó a abandonar el pueblo por temor.
Otro testimonio clave fue el de Guillermo Medina, ex jefe de Personal, quien trabajó entre 2015 y 2022. Confirmó que los pagos se realizaban en el domicilio de Contreras, donde retenía parte de los sueldos. Según relató, terminó despedido porque un familiar suyo se fotografió con un opositor político.
También Martín Mercedes Medina, de 64 años, acusó a la funcionaria de haberse quedado con un beneficio por Entierro y Luto de $ 140.000 que le correspondía tras la muerte de su esposa, empleada administrativa de la comuna en 2020.
Los denunciantes afirman que la maniobra se repitió con otros empleados que temen hablar por miedo a represalias. Vecinos sostienen que el escándalo tiene rasgos similares al “Chocolate”: cobros indebidos, contratos ficticios y apropiación de beneficios.
La comuna ya se encuentra bajo intervención administrativa, y exigen definiciones claras de la provincia y el avance de las investigaciones judiciales.
La comisionada Cristina Contreras rechazó las acusaciones y aseguró ser víctima de una persecución política orquestada por el dirigente local Ariel Figueroa y el ex subsecretario operativo de Transporte de la Capital, Enrique Romero. “Estas denuncias aparecen siempre en época electoral. Están inducidas y pagadas por mis adversarios. Por escribano público está demostrado que todo es falso”, sostuvo.
Contreras reconoció que autoridades provinciales intervinieron al habilitado comunal, pero dijo estar a disposición del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro del Interior Darío Monteros. Además, denunció ser objeto de seguimientos y hostigamiento: “Hace un mes que tengo autos que me persiguen y sacan fotos en lugares que frecuento. Esto es político, yo me dedico a trabajar”.
El caso mantiene en vilo a la comunidad de Las Cejas, que reclama transparencia y una resolución judicial. Mientras tanto, los testimonios se acumulan y la polémica crece en torno a una gestión que ahora enfrenta acusaciones de corrupción, persecución laboral y abuso de poder.