El Gobierno argentino decidió jugar su última carta en la Justicia de Estados Unidos para intentar evitar el pago de más de US$ 390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, en un litigio que se arrastra desde hace más de una década y que hoy se encuentra en una fase decisiva. La estrategia apunta a mantener abierta la discusión judicial y a impedir que la condena quede firme y ejecutable sobre activos del país en el exterior.
El caso tiene origen en el laudo del CIADI dictado en 2017, que condenó a la Argentina a pagar US$ 321 millones más intereses al grupo español Marsans por la reestatización de la aerolínea durante el kirchnerismo. Con el paso del tiempo, esos derechos fueron adquiridos por el fondo Burford Capital y luego por Titan Consortium, que hoy reclama US$ 390,9 millones más intereses acumulados desde diciembre de 2024.
La disputa se trasladó a la Corte de Distrito de Columbia, en Washington, donde Titan pidió el reconocimiento y ejecución del laudo. La Argentina intentó frenar el avance alegando que el reclamo estaba prescripto y que el plazo para accionar era de tres años, pero el tribunal consideró que el límite era de doce años y reconoció la condena completa, incluyendo intereses y costas.
La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó en julio esa decisión, rechazó el planteo argentino sobre la prescripción y dejó firme el reconocimiento del laudo. Ese fallo encendió las alarmas en la Casa Rosada: con la sentencia validada, Titan puede avanzar sobre activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la suma, lo que obligó al Gobierno a definir una nueva estrategia.
En ese contexto, la Procuración del Tesoro resolvió presentar un pedido de revisión ante la misma Cámara de Apelaciones, como paso previo a una eventual llegada a la Corte Suprema de Estados Unidos. El objetivo es que el propio tribunal que confirmó la condena reexamine aspectos procesales y de plazo, y que, al menos, se abra una ventana para discutir la ejecución y los tiempos de pago.
La ofensiva judicial está encabezada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a su equipo de subprocuradores y a la Secretaría Legal y Técnica. El Gobierno busca replicar la lógica que le permitió obtener un triunfo resonante en el caso YPF, donde la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria de Burford y evitó una condena por US$ 18.000 millones.
En esta nueva batalla, la estrategia no incluye, en principio, un pedido explícito de suspensión inmediata de la sentencia, porque se considera que esa herramienta no encaja del todo en la etapa actual del expediente. Sin embargo, el equipo jurídico analiza alternativas procesales para ganar tiempo y evitar que Titan avance de manera acelerada sobre bienes argentinos.
El trasfondo político y económico del caso es pesado. La expropiación de Aerolíneas, decidida durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se suma a una serie de reestatizaciones que, según estimaciones oficiales y privadas, han implicado para el Estado decenas de miles de millones de dólares entre pérdidas operativas y condenas judiciales. El fallo por Aerolíneas reabre el debate sobre el costo real de esas decisiones y sobre la forma en que se negociaron las salidas con los antiguos propietarios.
La discusión judicial en Washington ya no gira sobre la conveniencia o no de la reestatización, sino sobre cuándo y cómo puede ejecutarse el laudo del CIADI. La Cámara de Apelaciones consideró que Titan actuó dentro del plazo de doce años previsto para el reconocimiento de sentencias extranjeras y que, por lo tanto, la Argentina debe afrontar la condena. El Gobierno intenta ahora cuestionar esa interpretación y, en paralelo, explorar vías de negociación.
En la Casa Rosada se admite que el margen de maniobra es limitado. Si la Cámara rechaza la revisión, la opción será acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos, con probabilidades acotadas de que el máximo tribunal tome el caso. Aun así, la presentación permitiría postergar la ejecución y abrir espacio para eventuales acuerdos o reestructuraciones del pago.
El impacto potencial sobre las cuentas públicas no es menor. En un contexto de ajuste fiscal y restricciones externas, desembolsar casi US$ 400 millones en un solo pago implicaría tensiones adicionales sobre las reservas y el programa económico. Por eso, la estrategia oficial combina argumentos jurídicos con una lectura macroeconómica: evitar o diferir el pago es también una forma de preservar la estabilidad financiera.
El caso Aerolíneas se cruza, además, con otros litigios pendientes en tribunales internacionales, como el reclamo de la constructora italiana WeBuild por el congelamiento de tarifas del puente Rosario-Victoria. Cada fallo adverso refuerza la idea de que las decisiones de política económica y de propiedad estatal tienen consecuencias de largo plazo en el plano judicial y financiero.
En este escenario, la nueva ofensiva del Gobierno en Washington busca algo más que un resultado puntual: pretende marcar un precedente sobre cómo se discuten y ejecutan los laudos contra Estados soberanos y sobre la capacidad de la Argentina para defenderse en tribunales extranjeros. El desenlace del caso Aerolíneas mostrará hasta qué punto esa estrategia puede replicar el éxito obtenido en YPF o si, por el contrario, la expropiación de la aerolínea se consolida como otro capítulo costoso en la historia de las reestatizaciones.