El Gobierno de Brasil advirtió sobre el riesgo de desastres naturales asociados a un posible fenómeno climático de El Niño de fuerte intensidad o incluso “extrafuerte” durante los próximos meses.
Asimismo, recomendó la adopción de medidas preventivas para reducir sus impactos sobre la población y la infraestructura del país.
Según un informe enviado por el Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden) a la Casa Civil de la Presidencia, existe una probabilidad cercana al 70 por ciento de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte durante el segundo semestre de 2026.
El documento señala que los efectos podrían asemejarse a los observados durante el episodio de El Niño de 2023-2024, considerado uno de los más intensos de los últimos años, aunque los especialistas indicaron que las previsiones todavía deberán ser confirmadas con mayor precisión a partir de julio.
Proyecciones
De acuerdo con las proyecciones del organismo, las regiones Norte y Nordeste podrían enfrentar una reducción de las lluvias y un aumento de las temperaturas, favoreciendo sequías más severas y una mayor presión sobre los recursos hídricos.
En la Amazonía y el Pantanal, las condiciones más secas y las olas de calor podrían incrementar el riesgo de incendios forestales, con potencial impacto sobre la salud de la población y los ecosistemas.
Por otro lado, en el sur del país existe preocupación por la posibilidad de lluvias más intensas y persistentes, capaces de provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y otros desastres asociados a fenómenos hidrológicos extremos.
El Cemaden recomendó reforzar el monitoreo meteorológico, garantizar el funcionamiento pleno de radares climáticos, reevaluar áreas vulnerables como márgenes de ríos y laderas ocupadas.
También sugirió fortalecer la coordinación entre el Gobierno federal, los estados y los municipios para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, según informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.
Las autoridades brasileñas intensificaron las reuniones entre ministerios y organismos técnicos para elaborar planes de contingencia y minimizar posibles daños económicos, sociales y ambientales derivados del fenómeno climático.