El proyecto de reforma laboral ingresó hoy al Senado de la Nación y las principales cámaras y asociaciones que nuclean las pequeñas y medianas empresas dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas en referencia a los puntos favorables y a los aspectos negativos de esta iniciativa.
Vicente Lourenzo, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó que, por el momento lo estaban “analizando” junto con los abogados de la entidad y no tenían “aún una posición oficial”. Sin embargo, deslizó que en el proyecto que impulsa el Ejecutivo Nacional «puede haber artículos positivos y otros muy negativos».
Por su parte, el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Julián Moreno, manifestó que este proyecto «es un tiro en el pie» para los trabajadores, en un futuro próximo.
“En esta relación desigual, sumada a la postura con la que viene amenazando el Gobierno Nacional, van a salir perdiendo los trabajadores y, por lo tanto, la masa salarial. Los principales clientes que tenemos las pymes provienen del mercado interno y eso se alimenta fundamentalmente por el salario de los trabajadores, que se va a ver reducido. Por lo tanto, para nuestro sector va a ser peor sin lugar a dudas”, señaló.
En el mismo plano, indicó que será «algo que va a afectar a toda la sociedad más temprano que tarde” y remarcó que, bajo esta modificatoria, se contemplarán “como formal” vínculos que no lo son: “Será una manera de disimular la pauperización del empleo tal cual lo conocimos y es grave”.
“Ninguna reforma que se haya aplicado en ningún lugar del mundo, en un momento recesivo como el actual, generó empleo, actividad o mercado interno. Nunca. De una manera u otra, lo que hace es quitarles derechos a los trabajadores”, subrayó Moreno.
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, declaró a Noticias Argentinas que, si bien hay puntos que aún se deben debatir y consensuar, sobre todo con los gremios, “hay ciertos puntos que son muy importantes” como, por ejemplo, los vinculados a las indemnizaciones.
“El sistema de Fondo de Cese Laboral (FCL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) son muy importantes. En una oportunidad, desde IPA, presentamos un proyecto muy similar, donde planteamos uno de estos puntos para lograr tener mayor seguridad jurídica, tanto para el empleado como para el empleador. El empleador tiene que hacer un aporte del 3% de la masa salarial a una caja, que puede ser la del ANSES, donde se va acumulando y que va a servir para pagar las indemnizaciones, ya sea por despido o por retiro voluntario del trabajador”, explicó.
En la misma línea, remarcó que de esa manera el empleado tiene “un beneficio importante” que hoy no percibe porque debería recurrir a un juicio laboral y con los recursos de FCL y el FAL ya tiene la indemnización siempre a su disposición, cualquiera sea la causa.
“Creemos que tiene que haber una ley equitativa, que genere armonía y que otorgue mayor seguridad jurídica, tanto para el empleado como para el empleador. Y que éste último pueda tomar gente cuando necesite, sin problemas, con la tranquilidad de que esté cubierto jurídicamente”, concluyó.