El juez de impugnación Eudoro Albo rechazó el pedido de excarcelación del abogado Gustavo Morales, acusado de desobediencia judicial en el marco de una causa por sedición policial.
Tampoco hizo lugar al planteo de su defensa para que cumpla la prisión preventiva con la modalidad de arresto domiciliario. Sin embargo, dispuso su traslado del penal de Benjamín Paz al de Villa Urquiza para garantizar su acceso a atención médica si fuese necesario.
Morales fue detenido el 28 de febrero por orden del juez Bernardo L’Erario Babot, quien le dictó prisión preventiva por 30 días al considerar que incumplió una medida cautelar.
En octubre de 2024, el juez Gonzalo Ortega le había prohibido hacer comentarios sobre la vida privada de la fiscal Mariana Rivadeneira, la jueza Laura Casas, el ministro Fiscal Edmundo Jiménez, vocales de la Corte Suprema de Justicia y el gobernador Osvaldo Jaldo.
La restricción fue solicitada por la Fiscalía de Estado para evitar que sus declaraciones entorpecieran la investigación.
En febrero, Rivadeneira denunció que Morales violó la orden judicial, lo que llevó a su detención. Su defensa apeló la medida y, en la audiencia de impugnación, los abogados Diego Piedrabuena y Carlos Garmendia argumentaron que el delito que se le imputa tiene una pena condicional y que no había riesgo de fuga.
También señalaron que su detención afectaba su estado de salud y denunciaron que en el penal de Benjamín Paz no recibía la atención médica adecuada ni se le permitía el ingreso de agua mineral por prescripción médica.
La fiscala Rivadeneira y la auxiliar fiscal Brenda Deroy desmintieron estos argumentos y aseguraron que Morales pasó más tiempo en centros asistenciales que en el penal, con un enfermero a su disposición las 24 horas.
También insistieron en que su accionar afectó el desarrollo de la causa, ya que sus declaraciones públicas llevaron a la jueza Casas a excusarse del caso.
Tras evaluar los argumentos, el juez Albo resolvió que Morales continúe detenido hasta fines de marzo, rechazó la solicitud de arresto domiciliario y ordenó su traslado a Villa Urquiza para mejorar sus condiciones de atención médica.
Además, instó al Ministerio Público a acelerar la investigación, considerando la gravedad del caso.
Morales, señalado como instigador de la protesta policial de marzo de 2023, sigue en el centro de un proceso judicial que podría agravarse si se suman nuevas imputaciones.
Fuente: Contexto