Trece trabajadores vinculados a Poderosa, una de las grandes compañías mineras de Perú, fueron hallados muertos dentro de una mina de oro en Pataz, en el noroeste del país, días después de denunciarse su secuestro en ese lugar, confirmaron este domingo la empresa y autoridades.
«Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores que fueron secuestrados (…) por mineros ilegales coludidos con elementos criminales«, dijo en un comunicado Poderosa, a la vez que lamentó el fallecimiento de las personas que fueron «cruelmente asesinadas por los criminales aliados a la minería ilegal».
De acuerdo a fuentes policiales, las víctimas se encontraban en un socavón, maniatados, vendados y desnudos cuando fueron ejecutados con un disparo en el cuello por parte de los criminales, reportó la radio local peruana RPP. Las víctimas eran trabajadores de una compañía que prestaba servicios a Poderosa, una importante minera que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, que en los últimos meses ha sido blanco de grupos armados relacionados con la minería ilegal.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ordenó el despliegue de equipos de élite especializados en crimen organizado y de divisiones de investigación para capturar a los responsables. «Nuestros agentes (…) están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan, en estricto cumplimiento del marco legal vigente», indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.
«Tenemos que recuperar la gobernabilidad, el orden y la paz en Pataz (…). Lo que está pasando allí es inaceptable«, dijo Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas, a la radio RPP. Según Poderosa, «suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control» de la localidad. La minera hizo un «llamado urgente» a replantear la estrategia de seguridad del Gobierno.
La «espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que, lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona», enfatizó la minera. También advirtió que no será posible derrotar la delincuencia si la Policía sigue sin ingresar a interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales.
Estado de emergencia, violencia y el dolor de las familias que piden justicia
En tanto, familiares de los empleados que ofrecían sus servicios a la empresa de seguridad R&R, indicaron que dejaron de comunicarse desde el 27 de abril pasado cuando trabajaban en la mina y sus presuntos secuestradores «exigían una alta suma de dinero a la compañía minera a cambio de su liberación».
«A mi hermano y a sus compañeros los han torturado y matado. ¿Cómo es posible que la policía no haya hecho nada? Hemos esperado una semana para enterarnos de todo esto», dijo Emilia Rospigliosi, hermana de la víctima César Rospigliosi, al canal Latina.
En la ciudad de Trujillo, nueve horas al oeste de Pataz, los familiares de algunos fallecidos esperaban el traslado de los cadáveres a la morgue de esa localidad. «Queremos justicia, que esto no se quede allí nomás», dijo a la televisora Canal N Abraham Domínguez, padre de Deiter Domínguez, uno de los asesinados.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos, señaló que el lunes se reunirá con la presidenta Boluarte para buscar soluciones a la inseguridad. «Vengo levantando la voz fuerte, no soy revoltoso, pero me duele lo que pasa en mi pueblo (…) Si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el Gobierno central«, afirmó, acongojado.
La minería es un impulsor económico clave en Perú, uno de los mayores productores de oro en América Latina. Pataz, ubicada a unos 900 kilómetros de la capital Lima, está en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido a la escalada de violencia causada por la fiebre del oro.
Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú identificó operaciones por 8.241 millones de dólares sospechosas de provenir de la minería ilegal. El país vive una ola de extorsiones y criminalidad violenta que ha llevado a las autoridades a decretar el estado de emergencia en varios puntos del país.