El Gobierno endureció las condiciones para aplicar el derecho de admisión en los estadios de fútbol. Con esta medida, busca desalentar la concurrencia de loshinchas de diferentes equipos que esta tarde del miércoles se sumarán a la marcha de jubilados que realizará en el Congreso.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 321/2025, publicada en el Boletín Oficial, y esta faculta al Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, para «restringir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona que considere que puede generar un riesgo para la seguridad pública».
A partir de la nueva medida lanzada por el Gobierno, se podrá pohibir el ingreso en los estadios de fútbol a toda persona «imputada, procesada o condenada» por delitos cometidos en el marco de la Ley N°23.184, de Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos, y sus modificatorias.
La norma también aplica para aquellas personas procesadas o condenadas por «delitos dolosos con pena de reclusión o prisión y que la Autoridad de Aplicación entienda que razonablemente pueda crear un riesgo concreto en el espectáculo futbolístico».
Quienes se encuentren imputados en cualquier actuación contravencional o hayan tenido conductas violentas en el contexto de un espectáculo futbolístico también son incluidos en la medida, ya se que haya ocurrido «durante o después de la disputa del encuentro, durante las concentraciones o entrenamientos de los equipos, (…) durante los traslados de las parcialidades hacia o desde el estadio deportivo donde se desarrolle el espectáculo».
El documento publicado bajo la firma de Bullrich aclara que la medida también comprende a aquellos que hayan tenido «conductas violentas contra las personas o las cosas o que afectaren la seguridad, el tránsito vehicular o el orden público, ya sea de manera individual o en el marco de una manifestación o congregación en la vía pública o en lugares abiertos al público en general, con o sin desplazamiento, cualquiera sea su naturaleza».
Finalmente, también son alcanzados por la norma quienes cometieron «conductas o prácticas violentas durante su traslado hacia o desde un estadio deportivo, en ocasión de un espectáculo futbolístico, o alteraren el orden público, o utilizaren servicios de transporte de pasajeros no registrados ni habilitados por la autoridad competente» y los «imputados, procesados o condenados por delitos cometidos con motivo o en ocasión de un espectáculo futbolístico«.
La ministra de Seguridad había advertido durante las últimas horas la inminente salida de la resolución, anticipando que se detendrá y aplicarán sanciones a las personas que infrinjan la ley en el marco de la marcha de jubilados de este miércoles en el Congreso, a la que se sumarán hinchas de fútbol, la CTA y gremios de la CGT.
«Ante la posible participación de hinchadas de fútbol argentino en a marcha prevista para el día miércoles 12 de marzo del corriente año, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el Ministerio de Seguridad Nacional informa que se implementarán estrictas medidas para garantizar el orden y la seguridad pública«, se adelantó vía X desde la cartera comandada por Bullrich.
«Se recuerda que cualquier persona que incurra en conductas que afecten la seguridad, participando en actos que generen desmanes o disturbios con violencia contra las personas o bienes, o que realice cualquier acción contraria a la ley, será identificada y detenida«, se advirtió en la publicación.
En la publicación, también se aclaró que: «asimismo, se le aplicará la Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo, lo que implicará la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en cualquier lugar del país».
El Gobierno reafirmó su «compromiso con la seguridad ciudadana, el respeto por la ley y el orden público» y remarcó que «no se tolerarán hechos de violencia en manifestaciones o eventos de cualquier índole», motivo por el que se aplicará lo establecido en el artículo 194 del Código Penal, que indica que se reprimirá con prisión de tres meses a dos años a quien «impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas».
«Se insta a todos los participantes de la marcha a expresarse de manera pacífica y dentro del marco de la legalidad», concluyó el comunicado del Ministerio de Seguridad sobre la convocatoria donde estarán presentes 1.000 agentes de las Fuerzas Federales.